El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se negó a declarar durante la primera audiencia de formulación de imputación en esa entidad, donde se le acusa de un desvío de recursos públicos durante su gestión por más de 96 millones de pesos de las arcas del estado.
En esta audiencia incial, se realizó la formulación de cargos contra el priista, donde la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo acusa de desviar 96 millones 685 mil 253 pesos, a través de las secretarías de Hacienda y la de Desarrollo Rural, esto en el periodo de 2011 a 2014.
La Fiscalía local expuso ante el juzgador que Duarte, durante su sexenio al frente del gobierno estatal, estableció acuerdos con otros funcionarios y otros particulares para simular operaciones, y con ello desviar recursos públicos.
Después de escuchar los señalamientos en su contra, el político tomó la palabra para decir al juez de control que no quedaba clara cuál fue su participación en las acusaciones del ministerio público.
“No me quedo claro, no entendí, ni escuche donde actué para que esos desvíos de los cuales se me acusa, mi participación allá queda por supuesta” dijo el exgobernador, aunque poco después se reservó su derecho a declarar.
La defensa solicitó conocer la identidad de los testigos protegidos, además de algunos detalles de los cargos contenidos en la carpeta de investigación, no obstante, se le aclaró que esos datos corresponden al siguien paso procesal, es decir en la audiencia de vinculación, o no, a proceso.
El político fue trasladado este viernes por la mañana a la Ciudad Judicial en la capital del estado para comparecer ante el juez de control, Humberto Chévez. En ella, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Duarte ante el riesgo de evasión, sin embargo, la defensa pidió la prisión domiciliaria debido al mal estado de salud del exgobernador.
Sin embargo, la fiscalía expuso que los padecimientos del exmandatario, que consisten en hipertensión y una hernia inguinal, no representan un riesgo grave que le impida estar en prisión.
Las autoridades del estado informaron que buscarán más órdenes de aprehensión en contra de Duarte Jáquez, a quien se le han abierto otras carpetas de investigación, sin embargo, para ello es necesario notificar al gobierno de Estados Unidos, debido a que el tratado de extradición así lo requiere.
En caso de que el Departamento de Estado del gobierno norteamericano otorgue su visto bueno, las autoridades de Chihuahua podrán presentar nuevas acusaciones penales.
Como se sabe, el exgobenador chihuahuense fue entregado al gobierno mexicano este jueves, 2 de junio de 2022, y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Chihuahua a bordo de un avión de la Secretaría de Marina.
La extradición desde EEUU
César Duarte Jáquez se encontraba en Miami, Florida, retenido en una prisión desde julio de 2020, después de haber estado tres años prófugo. Fue durante la visita del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la Casa Blanca ese mismo año, cuando se informó que Duarte había sido detenido.
Duarte, gobernador de Chihuahua entre 2010 a 2016, fue uno de los mandatarios que el expresidente Enrique Peña Nieto presentó como integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012, y expulsado en 2019. Actualmente la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua mantiene abierta al menos 21 causas penales contra el ex gobernador.
Cabe destacar que en noviembre del año pasado se aceptó la extradición a territorio mexicano para enfrentar la justicia en el país, sin embargo, se vio interrumpida por la representación legal del ex afiliado al PRI, pues esta movió múltiples recursos para evitar esto.
El exgobernador de Chihuahua fue acusado por la administración del panista Javier Corral de ser la cabeza de un conjunto de desvíos de recursos del erario estatal. Según la información de Corral, Duarte habría desviado alrededor de 275 millones de pesos del dinero público del estado de Chihuahua.
Corral también lo acusó de peculado en diferentes modalidades, corrupción y desvío de recursos del erario local con fines electorales. Duarte es presunto responsable de establecer una red de corrupción y sobornos para comprar voluntades en distintos funcionarios, mismos que se vieron beneficiados en los desvíos de Duarte.
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