Después de que el pasado 26 de mayo miembros de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) se manifestaron en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, la organización ha confirmado la intención que tiene por llevar a cabo un paro masivo en distintos puntos de la Ciudad de México el próximo jueves 2 de junio con la intención de que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, atienda sus exigencias.
La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), que integran operadores y concesionarios de transporte público de múltiples rutas de la capital mexicana, exige un aumento en las tarifas del servicio de hasta tres pesos y han argumentado que fue un acuerdo al que llegaron con el mismo gobierno de la Ciudad de México y el cual presuntamente no ha sido respetado ni por Claudia Sheinbaum, ni por el secretario Martí Batres.
En diferentes conferencias de prensa que han ofrecido Francisco Carrasco y Enrique Hernández, los dirigentes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) señalaron que es injusto que en la capital mexicana se brinde transporte a la ciudadanía con un costo mucho menor que el que manejan diferentes estados de la República Mexicana pues, mientras en el Estado de México, Monterrey o Mexicali las tarifas oscilan entre los 12 y los 14 pesos, en la capital se ha mantenido en cinco.
Adicionalmente la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) ha manifestado que movilizar a un pasajero en los transportes de gobierno de la capital como la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) costaba en 2020 alrededor de 13.59 pesos y en Trolebús era de 30.14 pesos, por lo que consideraban injusto que a ellos no les permitieran implementar un aumento en las tarifas.
“Es injusto que al gobierno de la Ciudad de México le cueste 171 por ciento más que a nosotros mover a un pasajero, que lo que nos están otorgando a nosotros. Son 8.59 pesos la diferencia entre lo que al gobierno le cuesta mover al usuario en RTP y lo que nos autoriza cobrar a nosotros”, declaró en conferencia de prensa el dirigente de la Fuerza Amplia de Transportistas, Francisco Carrasco.
Respecto al trolebús, las tarifas contemplan una diferencia del 502% sobre la tarifa que manejan los transportistas, es decir, el gobierno cobra 25.14 pesos más por su servicio a través de impuestos que los cinco pesos que cobran los integrantes de la FAT.
“Si ellos creen que mover a un pasajero cuesta 5 pesos, entonces es necesario saber dónde se queda el resto de los recursos que son de 8.59 pesos por cada pasajero en la RTP y 25.14 en el trolebús”, puntualizó Francisco Carrasco.
Por este motivo, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) acusó al gobierno de la Ciudad de México de ejercer violencia política, económica y social contra el gremio encargado de movilizar en distintas instancias a las y los pasajeros habitantes de la capital.
Enrique Hernández, también dirigente de la organización, agregó que no existe sensibilidad por parte de las autoridades capitalinas y acusó una falta total de palabra por parte del secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres y de los subsecretarios Ricardo y Luis Ruiz.
Ante el silencio de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) ha convocado manifestaciones y bloqueos en diferentes puntos de la capital, como el que se tiene programado para el próximo 2 de junio.
“Hoy ya no son solicitudes, sino exigencias a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la cual continúa ejerciendo una profunda violencia política, económica y social contra quienes movilizamos a la mayor cantidad de personas en la capital del país”, declaró Nicolás Vázquez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT).
Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que no se ha considerado ningún tipo de aumento en las tarifas del transporte público de la capital.
Claudia Sheinbaum también hizo gran hincapié en reconocer que, aunque los insumos como la gasolina han aumentado en niveles considerable los últimos años, es inviable encarecer el transporte público en la capital -incluso en las redes de transporte del gobierno- ya que dicha acción tendría un impacto significativo en la economía de los miles de usuarios.
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