Vincularon a proceso a dos jueces por presuntos fraudes a derechohabientes del Infonavit

Autoridades federales obtuvieron la vinculación a proceso de Mario “N” y Braulio “N”, dos antiguos jueces de primera instancia en Nayarit que presuntamente habrían obrado en contra de derechohabientes del Infonavit, quienes tramitaron amparos ante los ex magistrados.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ambos ex jueces operaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fueron los responsables de admitir juicios masivos promovidos por apoderados del Infonavit.

“Derivado del posible contubernio entre despachos jurídicos, jueces, secretarios de acuerdos, notificadores, notarios y empleados del mismo instituto”, las autoridades federales formularon denuncias en su contra, las cuales resultaron en la expedición de dos órdenes de aprehensión y la vinculación a proceso de ambos ex funcionarios.

Los magistrados operaron desde el 2013 hasta el año 2018, quienes “adjudicaron bienes inmuebles ubicados en los estados de Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas a favor del INFONAVIT”, lo cual afectó al patrimonio de las personas involucradas en las demandas masivas.

Ambos jueces ya habían sido sentenciados en mayo del 2020 a cinco años de prisión por incidentes similares, pues se les encontró culpables de haber cometido presuntos fraudes en contra de derechohabientes del Infonavit, pues “probablemente rindieron informes negando la verdad y expresando hechos falsos en juicios de amparo tramitados en Chihuahua y Tamaulipas por derechohabientes del Infonavit”.

El pasado 28 de abril ocho ex trabajadores y actuales empleados del ISSSTE fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el pago irregular de 830 millones de pesos a una empresa particular, lo cual derivó en un daño al patrimonio de la dependencia.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República dio a conocer que los funcionarios estuvieron involucrados en un doble pago, además de no haber informado sobre la transacción errónea a sus superiores.

“El monto de la transacción con recursos públicos asciende a más de 830 millones de pesos, luego de que una empresa presentó a pago facturas que ya habían sido pagadas, por lo que los ahora imputados no defendieron adecuadamente los intereses de la institución y probablemente hicieron un pago doble”.

Debido a este hecho, el Ministerio Público federal inició una investigación en contra de Juan “L”, Sebastián “L”, Juan “A” y Javier “M”, por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de Servicio Público, pues al momento de la transacción se encontraban laborando en la institución y omitieron dar aviso de lo ocurrido.

Aunque estos cuatro funcionarios no participaron de manera directa en el hecho, se les vinculó a la investigación por “no haber defendido los intereses de la dependencia”, pues habrían omitido el aviso oportuno a las autoridades.

Por otra parte, Sebastián “L”, quien presuntamente se encontraba empleado en la dependencia sin haber cumplido con los requisitos de contratación, también fue vinculado a proceso, al igual que Juan “A”, uno de los responsables jurídicos de la dependencia que no cumplió con su deber ante el ISSSTE.

De la misma forma “se vinculó a José “T”, Marx “O”, Sandy “T” e Irma “M” por el uso ilícito de atribuciones y facultades, “bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos haga un pago ilegal”, señaló la FGR.

A pesar de la cantidad millonaria involucrada en el caso, a los trabajadores del ISSSTE vinculados a proceso no se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, pues el delito por el cual se les imputa no está considerado como grave.

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