La familia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue provocando escándalos. Ahora es su sobrina Úrsula Salazar Mojica, diputada de Morena en Tamaulipas, quien está en la mira de las autoridades de dicho estado por el probable delito de cohecho.
Cabe recordar que el 26 de marzo se difundieron unos audios en redes sociales en los que supuestamente se escucha a Salazar Mojica pedir a un proveedor del legislativo aumentar el monto de unas facturas; es decir, solicitando “moches”.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT), los señalamientos se derivan de dos llamadas que hizo los días 13 y 16 de noviembre del 2018, respectivamente, cuando fungía como Jefa de Recursos Humanos y Finanzas del Conalep en Tampico, de donde es originaria.
“Y la petición de la imputada es que a la factura le fuera incrementado un valor extra, el cual solicitaba le fuera entregado, es decir, que la factura se expidiera con una cantidad distinta a la de la cotización, para que el dinero extra fuera en beneficio de la servidora pública”
“En términos del artículo 9 constitucional se establecen datos de prueba que acredita la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la diputada lo cometió o participó en su comisión”, se lee en el oficio de la FECCT.
Sin embargo, al ser diputada cuenta con fuero, lo que le impide ser juzgada por las autoridades, por lo que este jueves el Congreso de Tamaulipas ya inició un proceso de desafuero en su contra, impulsado por la bancada de “oposición” (PRI, PAN, PRD y MC).
Por lo anterior, ya citaron a comparecer el próximo martes 17 de mayo al fiscal Anticorrupción del estado, Raúl Ramírez Castañeda, a fin de ratificar el contenido de la solicitud de la declaratoria de procedencia de enjuiciamiento penal.
En la sesión, Félix García Aguiar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, señaló que el tema será atendido en el marco de la ley.
“Se va dar un tratamiento digno y el pleno legislativo será informado, pasará a la Comisión Instructora, se citará al fiscal para que amplíe y luego ya en pleno se decidirá y la Comisión Instructora determinará, se requiere mayoría calificada del pleno para quitar el desafuero”
Explicó que pudiera ser que la sesión fuera pública por la información que brinda el fiscal sobre la acusación contra la diputada de Morena.
Al respecto, el pasado 19 de abril, la sobrina de AMLO aseguró que los audios son apócrifos y no pide moches, afirmando que se trata solo de “guerra sucia” de la oposición.
“Lo que te puedo decir es que se trata de un audio apócrifo. Ellos son juez y parte de lo que están maquinando en esta guerra sucia”
Asimismo, la también coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas acusó a través de su cuenta de Facebook al gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, por “la serie de atropellos y violaciones” en su contra.
QUÉ SANCIONES RECIBIRÍA
En caso de ser encontrada culpable, según el Código Penal del Estado, los funcionarios públicos juzgados por acto de corrupción pueden recibir penas que van desde uno hasta 20 años de cárcel, según el monto de la afectación que dejó la comisión del delito.
“De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos”, se lee el Código Penal
No obstante, la defensa de la acusada podría acceder a mecanismos alternativos de justicia, como pagar una fianza.
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