Minera Calica y el gobierno de la 4T podrían llevar sus diferencias a tribunales

Este viernes el gobierno federal de México suspendió las operaciones de la planta Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo, la cual es filial de la compañía norteamericana Vulcan Materials, iniciando con ello una medición de fuerza que podría terminar en tribunales.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) argumentó esta medida de suspensión porque la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el foco desde hace meses en las actividades de Vulcan Materials en el estado de Quintana Roo, alegando que contaminan el área, mientras su propia adminstración recibiía las críticas de grupos ecologistas por el proyecto del Tren Maya en península de Yucatán, particularmente por la destrucción de selva en la Riviera Maya, donde se construye el tramo 5.

Por su parte, la filial de Vulcan Materials acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de proceder de manera ilegal y advirtió que acudirá a tribunales para defender sus derechos, y aseguró que las operaciones de su planta se encuentran respaldadas por los permisos ambientales correspondientes.

“La compañía cree firmemente que esta acción del gobierno mexicano es ilegal. La compañía tiene los permisos necesarios para operar y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales”, dijo Vulcan en un comunicado.

En febrero pasado, López Obrador había informado que su equipo negociaba con la constructora para detener una demanda de la firma por mil 100 millones de dólares por impedirle extraer y exportar materiales a los Estados Unidos.

En abril, el gobierno mexicano anunció que había llegado a un acuerdo para que la empresa transforme en un proyecto turístico sus instalaciones en ese área del Caribe. Sin embargo, López Obrador dijo esta semana que había sobrevolado la mina y la había visto en operación, lo que supuestamente iba contra lo pactado.

Vulcan detalló en marzo recibió su permiso aduanero de rutina de tres años, lo que le permitió continuar abasteciendo a sus clientes y que, tras operar 30 años en los terrenos que posee en México, tiene derecho a mantenerlos bajo su propiedad.

Sin embargo, las autoridades mexicanas recordaron que en 1986, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Gobierno de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, sin determinar un plazo de vigencia, ni volumen de explotación específicos.

El segundo permiso lo obtuvo en 1996 para explotar piedra caliza por encima del manto freático en dos nuevos predios: El Corchalito y La Adelita, con una superficie conjunta de 1,251 hectáreas. Y el 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Zedillo, se dio el tercero por 20 años para explotación de roca caliza por debajo del manto freático en estos predios.

El Gobierno de México señaló que las instituciones que forman parte del sector ambiental seguirán aplicando sus facuiltades para lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales se sujete a los principios de sustentabilidad, sostenibilidad y equidad, todo ello por encima de intereses particulares.

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