La Secretaría de la Función Pública (SFP) desechó este viernes la denuncia que interpuso el PAN, PRI y PRD en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del empresario hotelero Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, por probable conflicto de interés en la construcción del Tren Maya en el sureste del país.

Y es que de acuerdo con una reciente investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en 2020 la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) otorgó a Grupo Vidanta una ampliación de una concesión para ocupar una playa por 15 años más, así como un permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca, que conectará dos megaproyectos turísticos en Jalisco y Nayarit.

Coincidentemente, KEI Partners, la empresa propiedad de sus hijos Érika e Iván Chávez, que presta servicios a Vidanta, cuenta entre sus empleados a José Ramón López Beltrán, primogénito del mandatario, que se vio envuelto en escándalo, junto a su esposa Carolyn Adams, por la investigación de la “Casa Gris”.

Al respecto, la SFP determinó que no se encontraron las pruebas suficientes para comprobar el presunto conflicto de interés. Así lo apuntó a través de un comunicado:

Explicó que en su investigación se acreditó que Chávez Morán, amigo y asesor empresarial de AMLO, y que fue nombrado como “supervisor honorario” en el megaproyecto, no recibió ni recibe ningún sueldo o retribución por parte de la Administración Pública Federal.

La SFP argumentó que no ha ejercido las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, la SFP informó que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners.

Lo anterior en referencia a que la concesión y el permiso fueron otorgados el mismo año en que José Ramón López Beltrán obtuvo la visa para trabajar en EEUU por gestión e invitación de KEI Partners, empresa inmobiliaria fundada en Houston por los hijos del fundador de Vidanta, quienes también han tenido participaciones accionarias en compañías de ese consorcio turístico.

Cabe recordar que Chávez Morán fue uno de los poquísimos individuos elegidos para acompañar a López Obrador a la Casa Blanca para cenar con Donald Trump en julio de 2020. Tales credenciales han salvado al empresario de ser acusado como “neoliberal”.

El llamado tramo 5 de esa obra, que iría de Cancún hasta Tulum, en el estado de Quintana Roo, ha despertado las preocupaciones más graves, porque está a punto de arrasar con vestigios muy importantes de las poblaciones mayas que hace siglos quedaron sepultados bajo la selva. Cada día se suman más arqueólogos y antropólogos para denunciar esta construcción.

Desde el lado de la defensa al patrimonio natural se reclama como alarmante la afectación al manto acuífero, los ríos subterráneos, las cuevas y los cenotes que están ubicados bajo el mismo recorrido planificado para el tren. Esa afectación tendría implicaciones irreversibles para la flora y la fauna.

Originalmente, el tramo 5 del Tren Maya iba a construirse a un lado de la carretera Cancún-Tulum, bajo la línea de alta tensión propiedad de la Compañía Federal de Electricidad (CFE). Pero la obra fue modificada cuando empresarios muy influyentes del sector turístico se quejaron ante López Obrador, argumentando que esos trabajos iban a afear el acceso a sus hoteles.

El principal vocero de estos intereses fue Chávez Morán, cuyo grupo empresarial opera más de 30 resorts de lujo en territorio mexicano, entre los que sobresalen aquellos que se verían afectados por la construcción de la obra del tramo 5.

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