A un año del desplome de dos vagones de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, donde 26 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas, el despacho Carbino Legal, que representa a 14 familias afectadas por la tragedia, emprenderá una batalla legal contra el Grupo ICA, presidente del consorcio constructor de la también llamada “línea dorada”.
“Desde este momento anunciamos que, así como emprendimos abiertamente una batalla contra Grupo Carso, lo vamos hacer en contra de ICA, quien sufrirá las consecuencias más graves por su negligencia, porque no ha tenido la decencia humana ni la responsabilidad social como empresa de enfrentar esta situación y dar al cara y levantar la mano”, informó el abogado Cristopher Estupiñan.
El representante legal de las víctimas del accidente de la L12 confirmó que en febrero se presentó una demanda contra las empresas constructoras y de diseño ante el tribunal superior del estado de Nueva York. Detalló que se trata de una demanda civil por daño moral (lesiones, homicidio culposo y lo que resulte) y que la pretensión se basa en la negligencia que existió por parte de las empresas constructoras.
En el caso específico de ICA, Estupiñán recalcó que es la empresa en la que recae mayor responsabilidad, pues fue la que llevó un 75% de participación respecto a la ejecución de la obra civil, suscribió los contratos de obra a precio alzada y recibió los recursos. “Debió de haber dado la cara desde un principio, porque así como representó orgullosamente al consorcio constructor, y salió a la luz pública a celebrar la obra, debió haber hecho lo mismo desde el momento de la tragedia”.
El pasado martes 26 de abril, en una conferencia que duró poco más de dos horas, Cristopher Estupiñan señaló que Grupo ICA probablemente está siendo protegida abiertamente por el Gobierno de México, y señaló abiertamente que desde Carbino Legal mantienen una presunción de impunidad. “No es posible que estén muy cómodos en sus oficinas recibiendo más contratos, diseñando el Tren Maya, Dos Bocas y continuando con su larga carrera de contratación de obra pública”, señaló.
Asimismo, señaló a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, por haber hecho falsas promesas respecto a la presencia de empresas, personas morales y privadas en la audiencia de vinculación que se celebró este lunes 2 de mayo, donde la FGJCDMX formuló la imputación en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos.
A diferencia de ICA, el abogado reconoció que Grupo Carso y su empresa CICSA, del magnate Carlos Slim, han mostrado disposición al diálogo. Señaló que han accedido a realizar la documentación pertinente y atender las peticiones de las familias afectadas, por lo que ambas partes alcanzaron un acuerdo reparatorio con las 14 familias que el despacho representa.
“Logramos un mejoramiento de las indemnizaciones de hasta 250% a las propuestas inicialmente realizadas, en ese sentido también celebramos la disposición de Grupo Carso”, declaró el representante legal de las víctimas.
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