De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) México está cerca de alcanzar las 100 mil personas desaparecidas. Según la información analizada por México Evalúa, más de 47 mil han desaparecido durante la actual administración.
Además, hasta el 26 de noviembre, solo de entre el 2% y 6% de casos de desaparición de personas han sido judicializados y se han emitido únicamente 36 sentencias a nivel nacional “aún cuando los casos que son conocidos por la fiscalía alcanzan casi los cien mil registros”, detalla el centro de monitoreo y análisis de información.
“Este nivel de impunidad, rasgo estructural del sistema de justicia mexicano, favorece la reproducción y el encubrimiento de estos delitos y pone en riesgo a las víctimas y a sus representantes, y a la sociedad en su conjunto”.
Y es que, pese a que desde hace poco más de cuatro años México cuenta con una ley general relacionada al tema y existe un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU determinó que dicho sistema está debilitado, principalmente, por poco voluntad política de las instituciones.
Al retomar la información del documento emitido por el Comité, México Evalúa señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) “muestra poca disposición para atender las solicitudes de las comisiones de búsqueda”.
De hecho, según los datos proporcionados por la misma, en general, las investigaciones a cargo de la FGR han disminuido: bajaron 30%, al pasar de 112 mil 635 en 2018 a 78 mil 463 en 2020.
“Pese a una menor carga de trabajo, el rezago institucional no ha disminuido y permanece en niveles altos (52% en 2020). Entretanto, la impunidad en el fuero federal no ha bajado del 94% desde 2018, y ascendió a 95.6% en 2020, después de estar contenida en 61.2% de 2014 a 2017″ acusa la ONG.
Así, de acuerdo con el reporte De procuradurías a fiscalías: Observatorio de la transición 2020 la “FGR ha optado por no atraer casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos y por no colaborar con las fiscalías estatales, utilizando su autonomía constitucional como argumento para aislarse”.
Dichos datos son números con dimensión humana, la gravedad de las desapariciones en México atrajó la atención del Cómite de las Naciones Unidas. En 2021 un grupo de personas representantes de la organización mundial arrivaron a México con el fin de evaluar la situación.
A penas en abril de esta año se emitieron los resultados y las recomendaciones al gobierno mexicano. Así, encontraron la voces de las familias de personas desaparecidas, que han denunciado casos de investigaciones deficientes, procesos lentos de búsqueda, saturción de servicios periciales y falta de trabajo de campo.
De hecho, debido a la falta de resultados por parte de las autoridades, en el país han surgido una gran cantidad de colectivos y grupos organizados que, de manera autónoma han iniciado labores de búsqueda por todo el territorio mexicano. Tal es el caso de los agrupamientos formados en el estado de Jalisco, una de las entidades con las tasas más altas de personas desaparecidas
Uno de los principales señalamientos de dichos grupos es que además de ser ellos mismos los que hacen el trabajo que deberían hacer las autoridades, se ven expuestos a la revictimización y a recibir amenzas por parte de las mismas.
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