Varias decenas de mujeres se manifestaron este miércoles en la Ciudad de México para denunciar que recientemente fueron agredidas por la policía en Chimalhuacán, un municipio del Estado de México.
“No nos merecemos este miedo”, reclamó una de las mujeres que, como sus compañeras, contó a la prensa las presuntas agresiones que ejercieron personas vestidas de civil pero que portaban, algunos de ellos, armas largas y que las agredieron, según relata, con tabiques y tubos.
El grupo de mujeres activistas se encontraban el pasado 2 de abril frente al Centro de Justicia de Chimalhuacán —dependencia perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)— acompañando a Irene Cervantes, una mujer que hace dos años denunció que su hija menor de edad fue secuestrada, torturada y violada por agentes de policía del Estado de México.
Desde que denunció el caso, Cervantes, denunciaron sus compañeras, sufre acoso, hostigamiento y hasta fue presuntamente agredida por policías.
Según relataron, el 1 de abril policías de tránsito detuvieron a la mujer alegando que la motocicleta en la que se trasladaba era robada. Tres horas después apareció golpeada y sin dos dientes.
El 2 de abril, varias policías estaban detenidas dentro de dicho centro, y las activistas se juntaron afuera del edificio para pedir que se detuviese a todas las demás personas vinculadas con el caso de Irene y con el de su hija.
Según relataron, desde la tarde de ese día, cuando se juntaron alrededor de 20 mujeres, estuvieron sitiadas por varios hombres que dijeron no ser policías.
En algún momento, la fiscal de género Dilcya García salió a hablar con las manifestantes y les pidió que abandonaran el lugar —a lo que se negaron— y les aseguró que nadie les iba a hacer nada.
Sin embargo, después de la medianoche y al ver que las manifestantes no se iban a retirar del lugar, aseguraron que García hizo una seña ante la que los hombres que habían visto durante la tarde las cercaron y las atacaron.
Además, relataron que llegó también una camioneta gris de la que se bajaron personas con armas largas. Dijeron que había alrededor de 200 hombres atacándolas.
“Fuimos golpeadas con palos, golpeadas por grupos de hombre que nos aventaron (lanzaron) una reja encima, nos gasearon, nos rompieron los celulares y los megáfonos y las casas (tiendas) de campaña”, compartieron.
Las manifestantes consideraron que la intención de los policías era “causar muchos daños”, ya que una de ellas terminó con un brazo roto que necesita ser operado, otra con cuatro costillas rotas y todas ellas con contusiones en distintas partes del cuerpo.
“Responsabilizamos a las autoridades federales y a las estatales de cualquier cosa que le pase a Irene y a su hija o a nosotras”, expresaron.
Además del pronunciamiento, leyeron un pliego petitorio en el que exigieron la realización de un foro público con el fiscal del Estado de México, una disculpa pública por parte del Estado de México y del gobierno municipal de Chimalhuacán “donde se reconozca que hubo tortura” y la construcción de una “antimonumenta” —instalación colocada a raíz de una protesta popular—.
También pidieron la creación de un protocolo de respuesta ante protestas, justicia para el caso de Irene, atención médica inmediata y garantía de no repetición.
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