El Departamento de Estado de la Gran Bretaña ordenó la extradición de Karime Macías, con lo cual se ratificó la resolución del juzgado para que la exprimera dama de Veracruz enfrente los procesos penales en México, en acciones relacionadas con el exgobernador Javier Duarte.
“Esta persona tiene catorce días para impugnar esa determinación”, señaló la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde el pasado 17 de febrero, la Corte de Magistrados de Westminster confirmó la legalidad del traslado a México de la exesposa del exgobernador veracruzano. Debido a investigaciones que la implican en la triangulación de alrededor de 100 millones de pesos que fueron a empresas fantasma.
En su país de origen le ha sido girada una orden de arresto por supuesto desvío de recursos públicos para la adquisición de propiedades, acciones identificadas cuando estaba al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y su marido de entonces, Javier Duarte, se desempeñaba en el Ejecutivo estatal.
Karime Macías contaba con 30 días para que fuera revisada su situación legal desde su última comparecencia en Londres, donde vive refugiada desde 2017. Ahora su defensa atribuye que la FGR se ha precipitado en el anuncio de la extradición, pues el proceso para agotar los recursos a su alcance puede prolongarse por más tiempo.
Se está en un proceso en curso que no está ni cercano a ser concluido y del que se esperan resultados que pondrán las cosas en su lugar
Resulta lamentable, por decir lo menos, el papel que desempeñó la Fiscalía de Veracruz al mentirle abiertamente a las autoridades inglesas
Por lo pronto, quedan dos semanas que serán aprovechadas por los abogados encabezados por Marco del Toro, quien insistió en que hay bases sólidas para que su representada no llegue a México en lo inmediato. Pues además sostiene que existen otros procesos en curso para evitar el traslado.
Tras la determinación de hace dos meses, Karime Macías compartió en una carta que apelaría la decisión de la Corte debido a que fue tomada a partir de lo que acusó como declaraciones falsas por parte de servidores públicos de la Fiscalía de Veracruz que derivaron del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes.
Vivo en Inglaterra con mis hijos menores al día, sin el más mínimo lujo como se quiso hacer creer. Mi situación económica es crítica, es lejano a lo que Yunes maquiavélicamente le hizo creer a la sociedad, a partir de una campaña multimillonaria que lanzó en mi contra para vestirme de villana
Voy a defenderme a mi y para mis hijos. Mientras tenga fuerzas para luchar, y recursos legales por interponer, seguiré dando la batalla de mi vida
Además de las denuncias por desvío de dinero público, Karime Macías suma otra acusación más. En 2018, la Secretaría de Hacienda denunció a la exprimera dama por un presunto fraude fiscal por 2 millones de pesos. Ella reitera su inocencia, pues alega que como esposa del gobernador no manejó fondos del erario, incluso apuntó que la causa penal en su contra ya se habría extinguido.
En los últimos cinco años, su defensa ha intentado recursos y argumentos para dilatar el proceso, como el pago de 150 mil libras como fianza. Su abogado argumentó en más de una ocasión que en caso de que su clienta fuese entregada a México estaría expuesta a torturas.
En Reino Unido, la exesposa de Javier Duarte llevaba en libertad su proceso judicial, sin embargo, portaba un brazalete de localización en el tobillo como medida para evitar la fuga. De acuerdo con el gobierno de Veracruz, Karime Macías y sus hijos residen en la calle de Belgrave, localizada a sólo un kilómetro de la mansión de la Reina Isabel II.
Presuntamente, Karime Macías hizo compras millonarias, durante el gobierno de su marido, las cuales fueron pagadas con la tarjeta de uno de los prestanombres del priista, Moisés Mansur Cysneiros.
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó el uso de sus cuentas bancarias a principios de este año, mientras tanto, sigue residiendo en un departamento cuyo costo mensual ha sido calculado en poco más de ocho mil libras esterlinas, es decir, unos 220 mil pesos mexicanos.
El exgobernador sigue preso desde que cayó en 2017 en Guatemala tras fugarse cuando no terminaba el encargo. Desde 2018 enfrenta nueve años de sentencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Aunque en diciembre del año pasado le fue girada otra orden de arresto por desaparición forzada en el caso de 19 personas, cuyos restos se localizaron en el municipio de Emiliano Zapata.
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