El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a descalificar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar el veto de 10 años a ex funcionarios para que puedan desempeñarse en el sector privado.
“Resulta aberrante que los ministros no establezcan normas o cancelen estas limitantes. Imagínense: una gente que trabaja en Pemex y tiene información de dónde están los yacimientos y se va a trabajar a la iniciativa privada. Eso es corrupción”.
El mandatario aseguró que, aún con la resolución, él insistirá para que los ex servidores no puedan introducirse en la iniciativa privada (IP) una vez concluidas sus funciones en el sector público.
“Voy a seguir. Voy a analizar cómo insistir en que eso no puede permitirse, es un contubernio: una cosa es el sector público y otra es el sector privado”, sentenció en su conferencia matutina.
El pronunciamiento del Jefe del Ejecutivo da seguimiento al mencionado en la mañanera del 5 de abril, en la que expresó por primera ocasión su inconformidad contra la “aberración” que la SCJN emitió hacia su Ley de Austeridad.
“Nos corrige la plana porque se determinó que un alto funcionario público no podía dejar su empleo e irse a trabajar a una empresa particular vinculada a su labor anterior”, reprochó al mismo tiempo que tachaba de una “inmoral promiscuidad política” aquella práctica.
“Entonces no estoy de acuerdo con eso. Voy a buscar la forma, no voy a quedarme callado ante estas aberraciones, si es que ya nos ofendieron, por decirlo menos con estas prácticas. Entonces vamos a continuar”, sentenció.
Es por ello que el presidente insistió en dar seguimiento a dicho asunto ya que, acusó, las conversaciones de la Corte se basan en fundamentación legal “sin ir al fondo”; esto, con base en lo que observó durante su debate respecto a la Ley Eléctrica.
Bajo esa línea, reclamó el escaso interés que las y los magistrados han demostrado hacia la Reforma Eléctrica - cuya esencia contraviene con lo establecido en la actual legislación, donde “el trato preferencial es hacia las empresas particulares” y se limita la producción de las hidroeléctricas.
“Actuaron de manera corrupta en todo sentido”, pronunció, seguido de una ácida crítica a la Corte que, aseveró, aprobó el mandato vigente a pesar de conocer los beneficios de este recurso. “Claro que lo sabían, pero eso fue un acto de corrupción”.
“¿Qué no saben los ministros que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex (...) que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara? ¿Eso no va a contar a la hora de decidir? ¿Puede más el poder de las empresas?”, sentenció en el marco de las conversaciones para la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica en la Suprema Corte.
“Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”.
Cabe recordar que la esencia del candado cancelado era dejar pasar el periodo de 10 años, de tal manera que se evitaran posibles casos de conflicto de interés entre las funciones que desempeñaba un servidores respecto a un posible empleo en la IP.
“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior (...), que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada”.
No obstante, senadores opositores presentaron una acción de inconstitucionalidad 139/2019 contra lo establecido en dicho párrafo justificado en la llamada “puerta giratoria”.
Los legisladores que se mostraron inconformes con dicho planteamiento fueron Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Miguel Ángel Mancera, de la Revolución Democrática (PRD), y Emilio Álvarez Icaza, adscrito al Grupo Parlamentario Plural (GPP).
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