En el último día de marzo, el horror se centró en uno de los municipios más violentos de Guerrero. Chilapa (al centro este de la entidad) amaneció con una macabra escena: seis cabezas colocadas en el toldo de una camioneta, varias bolsas de plástico con restos humanos y una narcomanta que advertía que no se permite la venta de droga, secuestros, ni el cobro de piso.
Con el mismo modus, hace casi una semana se encontraron tres decapitados en la región de Iguala y a principios de mes dos descabezados en la joya turística de Acapulco.
Guerrero, limítrofe con Estado de México y Michoacán, está sufriendo la crecida de una violencia: la disputa entre los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos, pese al despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad nacido en 2019 con el objetivo de controlar la violencia.
Los agentes patrullan la entidad, principalmente el municipio de Chilapa, desde enero de 2020, cuando fueron asesinados 10 musicos indígenas, abandonado en un camino rural. La tragedia provocó la integración de grupos de autodefensas, incluidos menores de edad.
Desde aquella fecha, al menos en dos ocasiones —en diciembre del 2021 y febrero del 2022—, pobladores de Chilapa han enfrentado y desarmado a militares para que se vayan de la región.
La violencia en Guerrero data desde julio de 2014, cuando integrantes de Los Ardillos y Los Rojos se enfrentaron a balazos. Dos meses después, en septiembre de ese año, se reportó la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La seguridad en el siguiente año no fue mejor. En 2015, integrantes de la Policía comunitaria Justicia y Paz, vinculada al grupo de Los Ardillos, irrumpió en las calles de Chilapa pese a la presencia de elementos de seguridad. De acuerdo con cifras de desaparición forzada, en la incursión fueron levantadas al menos 32 personas.
Uno de los operativos más grandes en Guerrero —que abarcó de Chilapa al municipio vecino de Zitlala— se realizó en 2016, con la participación de 3 mil 500 elementos del Ejército, la extinta Policía Federal, la Marina y Policía estatal.
En un informe publicado por The International Crisis Group sobre la situación de violencia en el estado, se informa que al menos 40 grupos luchan por un diverso portafolio criminal con altísimas tasas de impunidad.
La proliferación de organizaciones criminales en el estado, se remontan a la muerte del capo mexicano, Arturo Beltrán Leyva en 2009, que supuso un golpe certero al avispero. Algunos de los viejos secuases del cabecilla de los Beltran Leyva se fueron por un lado, otros por otros. De ahí surgieron Los Rojos, luego Los Jefes.
Los Ardillos, en cambio, son una banda de secuestradores venidos a más. A su primer líder, Celso Ortega, le llamaban La Ardilla. Su hijo fue diputado local por el PRD.
El mapa de ubicación de las células criminales actualizado en enero de 2020 por la Secretaría de Seguridad Pública, ubica al Cártel Jalisco Nueva Generación en la sierra de Guerrero, donde ha tenido enfrentamientos contra integrantes de la Familia Michoacana.
El control de los territorios también es disputado por pandillas como Los Virus, Los Capuchinos, Gente Nueva —brazo armado del Cártel de Sinaloa—, el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), y Guerreros Unidos.
Según los análisis de la Internacional Crisis Group, el enfoque de seguridad emprendido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido errático, sus programas para hacer menos atractivo el mundo criminal entre los jóvenes no ha dado resultado, la Guardia Nacional sigue siendo un sueño incumplido y los planes para limpiar las fuerzas federales continúan al aire.
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