El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene responsabilidades directas en las resistencias identificadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarcer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues la orden para coadyuvar con entrega de información no se ha cumplido en una tercera desaparición por ocultamiento de posibles evidencias.
Anabel Hernández, quien investigó el tema con La Verdadera noche de Iguala (Grijalbo, 2016), señaló a Infobae México que el jefe del Ejecutivo federal está vinculado con la falta de respuestas para conocer el paradero de los normalistas, pues ahora es su gobierno el que debe dar resultados, con base en el decreto y la comisión creada al asumir el poder en 2018. Esto, sin dejar lugar a dudas de que ya no hay protección al Ejército o quienes permanecen con nexos de relevancia en la actual administración.
Según el análisis de la periodista, la primera desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos está consignada la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Pero la segunda desaparición ocurrió con las intenciones de construir falsas explicaciones de Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y Tomás Zerón, quien estaba al frente de la Agencia de Investigación Criminal y participó en torturas a detenidos; además de encubrir responsabilidad de militares.
[AMLO] no es responsable de la primera y la segunda, porque él no era el mandatario, no estaba en su poder, hoy sí es coparticipe de esta tercera desaparición; ¿y por qué lo llamo tercera desaparición?, porque este ocultamiento de información impide poder encontrarlos y se desaparece información, se manipula información, se tiran expedientes, es una cosa realmente muy delicada lo que está pasando
En su tercer informe presentado el 28 de marzo reciente, el GIEI reveló que pese a la orden presidencial, hay instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se resisten a entregar documentos para colaborar en las indagatorias. Incluso acusaron la influencia de exfuncionarios que podrían intentar encubrir su participación para construir el montaje de la verdad histórica, con la cual la gestión de Enrique Peña Nieto quiso darle carpetazo al asunto.
La reportera de investigación calificó como inconcebible y de gravedad que una dependencia de las Fuerzas Armadas no obezca al comandante supremo, López Obrador, según lo dispuesto en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018, en específico en sus artículos primero y quinto. Con ello se entendería que al mando del país no está un civil elegido por la vía democrática, sino militares que buscan salvaguardar sus intereses.
Entiendo la indignación de los padres de familia, evidentemente tienen que sentirse burlados por parte del Ejecutivo, pues porque el presidente podrá pararse y decir algunas cosas absurdas, pero quien conoce el Estado de Derecho y la Constitución y cómo se maneja el Ejército, y que el mando del Ejército es el presidente de la república, ahí es ineludible su colusión en este encubrimiento
Los integrantes del GIEI denunciaron trabas al momento de solicitar documentos, exigiéndoles datos que no poseen sobre lo que solicitan, pero cuyos archivos sí se mencionan en otros informes obtenidos previamente y después de insistencias. Anabel Hernández consideró que serían entendibles resistencias a pocos meses del sexenio de López Obrador por reacomodos políticos y costumbres adquiridas ante quien está en la presidencia. Pero a tres años desde que se ordenó, es inadmisible.
El titular de la Sedena tiene absoluta competencia para comunicar y hacer cumplir una orden de la máxima autoridad representada por el presidente de la república. Dada la estructura vertical, apuntó la periodista, el mandamiento tiene que ser acatado sin ninguna queja u obstrucción en el Ejército. Añadió que los plazos no pueden estar sujetos a cualquier decisión individual de funcionarios inferiores.
Entonces sería posible que Luis Cresencio Sandoval no ha indicado las instrucciones de su superior por iniciativa propia o aún no le ha sido encargado que cumpla cabalmente con el decreto de 2018 que creó la Comisión para la Verdad y Acceso a laJusticia en el Caso Ayotzinapa. Si López Obrador ya emitió las órdenes, así como el general secretario, la desobediencia a mandos directivos tendría que juzgarse bajo el grave delito de traición a la patria.
No imagino cómo el presidente realmente ha ordenado tan categóricamente y fuertemente que se entreguen los documentos: o número uno, o no lo ha hecho y finge, simula que lo ha hecho; o número dos, es el Ejército y la Marina los que mandan en México y entonces los que hablan de golpe blando, aquí ya estamos hablando que es la dictadura militar
Anabel Hernández dudó que el jefe del Ejecutivo federal no pudiera dirigir a las Fuerzas Armadas, pues sería inédito que el mandatario se sometiera a una institución a su servicio, según la Constitución. Recordó que los gobiernos emanados de militares se terminaron después de la Revolución Mexicana, con Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho hasta 1946.
Si no lo escuchan, el presidente ¿no tendría que estar molesto?; y si está molesto, ¿por qué les daría aeropuertos a construir?; si el presidente estuviera indignado, le preocupara la desobediencia militar de no entregar los informes sobre lo que ocurrió a los estudiantes, ¿por qué Salvador Cienfuegos fue invitado a inauguración del aeropuerto? uno de los principales responsables estaba ahí deambulando con el grupo VIP del Ejército
Entre los señalados por permanecer en cargos tras la desaparición de los estudiantes están Alejandro Saavedra Hernández, quien al momento de los hechos era comandante de la 35/a Zona Militar de Chilpancingo, desde donde obtuvo información completa de lo que pasaba en Iguala con los normalistas. El general se retiró en mayo de 2021 y su último cargo fue en el actual gobierno de López Obrador al ocupar la dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Sedena (2012-2018), también llegó al final de sus funciones con Peña Nieto. Sin embargo, se mantiene como asesor de Luis Cresencio Sandoval, por un decreto presidencial de 1976. El actual secretario ha reconocido ese estatuto y explicó que no significa que se consulte siempre, sino es una posibilidad ante diversos casos.
Ante el Congreso mexicano en 2014, el general en retiro mintió sobre la participación de militares al asegurar que nadie de ellos estaba enterado sobre lo que pasó con los 43 estudiantes. El GIEI e informes revelados por Anabel Hernández dieron cuenta de responsabilidades detalladas del Ejército en la noche de Iguala, incluso, con detenciones de algunos y al haberlos infiltrado con informantes por considerarlos grupo de insurgencia, al menos desde 2010.
Los soldados también realizaron el monitoreo en cámaras de videovigilancia y hasta la fecha ha destacado el arresto de José Martínez Crespo, quien pertenecía al 27 Batallón de Infantería en Iguala. Pese a que las autoridades federales han presumido cooperación del Ejército y órdenes de captura contra más castrenses, no se han concretado mayores avances.
Cienfuegos Zepeda fue detenido en octubre de 2020 en Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico, pero intervenciones del gobierno de López Obrador permitieron devolverlo para ser investigado en México. Al final, la Fiscalía General de la República no encontró evidencias de lo acusado en la corte de Nueva York. Se ha mantenido con bajo perfil, pero asistió a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el 18 de marzo pasado, conviviendo con la facción responsable de edificar la obra.
Mientras que Omar García Harfuch, quien era cooordinador de la extinta Policía Federal en Guerrero, fue vinculado por un testigo protegido por nexos con grupos criminales y sobornos. Él ha querido excusarse del caso, porque en las fechas de la violencia en Ayotzinapa acudió a diligencias a Michoacán.
En 2016 fue designado titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llegó en sustitución de Tomás Zerón de Lucio, quien pasó a una secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Pero el nuevo director de la AIC no inició alguna indagatoria sobre las acusaciones de tortura con que se construyó el caso de los normalistas, mismo que había maquinado su antecesor. Tras su paso por la PGR llegó en 2019 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde permanece en la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum.
Recientemente, el GIEI ha difundido que un video entregado por la Semar prueba la manipulación de agentes navales en el río San Juan adjunto al basurero de Cocula, donde la insostenible verdad histórica concluyó que fueron arrojados restos de los estudiantes tras asesinarlos y quemarlos en el mismo depósito. En aquel entonces, el actual almirante José Rafael Ojeda Durán era comandante de la Octava Región Naval de Acapulco, pero el presidente lo ha exculpado de vínculos directos por esas intervenciones de los marinos, pues las órdenes fueron desde instalaciones centrales.
Padres de los 43 estudiantes acusaron que tras el informe de los especialistas independientes se sintieron engañados durante tres años por el gobierno federal de López Obrador. Manifestaron su coraje, porque las promesas de colaborar en esclarecer el caso no han sido cumplidas. A más de siete años, el caso se ha desmontado, manipulado y vuelto a investigar, pero hasta la fecha sigue sin haber justicia ni verdad.
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