No solo “El Bronco”: estos son los otros exgobernadores mexicanos que han sido encarcelados

La captura del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco ocurrida la tarde del martes 15 de marzo, por el delito de desvío de recursos por hechos relacionados con la recolección de firmas para competir por la Presidencia de la República como candidato independiente en 2018, hecho que es conocido como “las broncofirmas”; causó conmoción no solo en la sociedad neolonesa, sino en todo el país.

¿Pero por qué las autoridades de Nuevo León lo acusan de desvío de recursos? Luego de que Jaime Rodríguez pidiera licencia como gobernador para contender como candidato independiente por la Presidencia del país, El Bronco tuvo que recolectar al menos 866 mil 593 firmas y contar con el apoyo de al menos el 1% de los electores en 17 estados.

El problema fue que para lograrlo, habría utilizado a 572 funcionarios del Gobierno de Nuevo León.

El entonces legislador local de Nuevo León y quien hoy es el gobernador de la entidad, Samuel García, presentó una denuncia por la recolección ilegal de firmas realizada por dichos funcionarios. Luego de una larga investigación, finalmente, el exmandatario estatal fue detenido la tarde de este martes 15 de marzo por lo que El Bronco pasó su primera noche en el penal de Apodaca, en donde es el reo 10634.

Pero Jaime Rodríguez no es el único exgobernador tras las rejas. Y es que a pesar de que la impunidad es uno de los grandes males de México, hay algunos políticos mexicanos que purgan diversos delitos en varias cárceles del país o incluso, del extranjero.

Aunque el exgobernador de Nuevo León (2009-2015), emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue acusado de peculado y daño al patrimonio estatal, solo estuvo preso unas cuantas horas y salió en completa libertad.

Durante su mandato fue señalado de haber dado estímulos millonarios a la armadora coreana de automóviles KIA, que habría derivado en un desfalco de 3 mil millones de pesos a las arcas estatales.

Tras la llegada de El Bronco al gobierno estatal, se desarrolló la llamada “Operación Tornado” en la que se dio a conocer el desfalco. Se aseguró que el priista tenía 20 expedientes abiertos y de ser encontrado culpable en por lo menos uno, el ex gobernador podría alcanzar hasta 12 años de prisión.

Pero dos años después (2017), Rodrigo Medina libró todas las acusaciones e incluso fue absuelto de los delitos de peculado y contra el patrimonio.

El juez determinó falta de elementos para sustentar las acusaciones interpuestas por la administración de “El Bronco”.

Fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre del 2010 al 12 de octubre del 2016, día en que, en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, solicitó licencia al Congreso del Estado.

Cuando aún estaba en funciones, fue señalado de encabezar una compleja estrategia para lograr el desvío de 233 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.

Luego de permanecer medio año prófugo de la justicia mexicana, Duarte de Ochoa fue detenido en un hotel de lujo ubicado en Guatemala el 16 de abril de 2017 acusado de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, pero después la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le reclasificó el delito de delincuencia organizada a enriquecimiento ilícito, que es menos grave.

En mayo de 2020, un tribunal federal le ratificó la sentencia de nueve años de prisión. Permanece preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pero como el período de nueve años comenzó a computarse desde que Duarte de Ochoa fue detenido en abril de 2017, al exgobernador le restarían casi cinco años para recuperar su libertad.

Sin embargo, debido a que tiene el beneficio de que una vez que cumpla más de la mitad de su pena, puede iniciar los trámites para que su liberación se lleve a cabo de forma anticipada, pronto podría salir de prisión.

César Horacio Duarte Jáquez, gobernó Chihuahua de 2010-2016. Durante su administración, dejó al estado en la bancarrota luego de perpetrar el desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas del PRI en 2015.

Aunado a esto, investigaciones periodísticas dieron a conocer los excesos ocurridos durante su mandato. Era afecto a las grandes fiestas y tenía departamentos de lujos y de ranchos con búfalos y otros animales exóticos.

No suficiente con eso, tuvo su propio banco. Y fue apoyado por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien autorizó que César Duarte fuera el accionista mayoritario del Banco Progreso de Chihuahua.

Junto con uno de sus secretarios de confianza, Jaime Herrera Corral, César Duarte creó un fideicomiso con el que aportaría al menos 65 millones de pesos para “salvar” las finanzas del Banco Unión Progreso en 2012, a través de acciones de Banorte con el que pretendían obtener el 15% de la ganancia con la operación del dinero.

En 2014, se detectaron 342 transferencias del gobierno del estado de Chihuahua hacia el Banco Unión Progreso, donde se contabilizaron al menos 80 mil millones de pesos en pagos que salieron desde la Secretaría de Hacienda.

Al término de su gobierno, Duarte Jáquez se esfumó.

Fue al inicio de la administración del  gobernador Javier Corral, en 2016, que comenzó la investigación contra César Duarte, al denunciar que había un desfalco millonario a las arcas públicas.

En 2017 se emitió una orden de aprehensión contra el ex gobernador, tras detectar una deuda pública por 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015, lo cual fue conocido como la “Operación Safiro” (con “s”) en el cual seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal gobernados por el Revolucionario Institucional desviaron 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político.

Duarte Jáquez permaneció prófugo durante más de tres años hasta que el 8 de julio de 2020 fue detenido por autoridades estadounidenses en Miami, Florida. Aunque el Gobierno de México ha pedido su extradición, aún no ha sido concretada.

El exgobernador también emanado de las filas del PRI, fue detenido el 6 de junio de 2021 en el municipio de Linares en el Estado de Nuevo León, acusado de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y lavado de dinero.

Fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 y durante su administración, la violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado escalaron de una manera dramática, por lo que al término de su mandato se hablaba de que tenía vínculos con el narcotráfico.

El 17 de mayo de 2019, Estados Unidos lo acusó de nexos con el narco en México, al haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y congeló las cuentas que el ex mandatario estatal tenía en la Unión Americana.

El 28 de febrero de 2020, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, informó que el Departamento del Tesoro incluyó al ex gobernador de Nayarit, en la lista de personas que cometieron actos de corrupción, que en su caso fue por los nexos con grupos delincuenciales de narcotráfico. Además, señaló que ni Sandoval Castañeda ni su familia podían ingresar a ese país.

Se encuentra recluido en el penal federal No. 4 “El Rincón” en Tepic.

El exgobernador de Puebla (2005-2011) fue detenido en 2021 por elementos de la Fiscalía de Acapulco, Guerrero, acusado de tortura de la periodista Lydia Cacho, por lo que fue trasladado a un penal de Quintana Roo.

El priista mejor conocido como El Góber precioso fue señalado por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, como parte de una red de pornografía y pederastia, al lado del empresario Kamel Nacif Borge.

Fue gobernador de Quintana Roo del 2011 al 2016 y en poco tiempo, pasó de ser uno de los políticos más jóvenes y con mayor proyección del PRI (tenía 31 años cuando llegó a la gubernatura), a ser uno de los políticos más señalados.

Al término de su administración, se realizaron múltiples acusaciones que lo involucraban en la venta ilegal del patrimonio del estado, del quebranto a las arcas estatales por 30 mil millones de pesos, despojos a particulares y violaciones a los derechos humanos.

Durante su administración, que se caracterizó por los lujos, fiestas y viajes; se permitió el desmonte en la zona de manglares del Malecón Tajama. Para justificar esta acción, el mismo Borge aseguró que el Fondo de Coordinación al Turismo junto con la Semarnat, habían asegurado y resguardado la flora y fauna de la zona, lo cual era mentira y todo derivó en un desastre ecológico. Pero eso no es todo, también fue señalado de haber elevado el endeudamiento del estado por más de 22 mil millones de pesos.

Luego de permanecer varios meses prófugo, Roberto Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá, bajo los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y la venta irregular de terrenos patrimonio del estado a presuntos prestanombres.

El 4 de enero de 2018 fue extraditado a México para enfrentar los delitos de lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la administración pública. Al día siguiente fue recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos.

En febrero de 2020, el gobierno mexicano sumó el delito de delincuencia organizada a la acusación contra Borge, pero en febrero de 2022 un juzgado federal le otorgó un amparo que ordena dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el proceso que enfrenta por su probable responsabilidad en los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, cargos que les fueron imputados por la fiscalía de Quintana Roo.

El exgobernador de Tamaulipas (1999 a 2004) fue detenido en Florencia, Italia, en 2017, luego de permanecer fugitivo por cuatro años. En 2018, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, tráfico de drogas, extorsión y fraude bancario, presentadas desde 2013 ante la Corte Federal en Brownsville.

En marzo de 2021, Yarrington se declaró culpable del delito de lavado de dinero y de aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales mismos que usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, por lo que al hacerlo, el gobierno estadounidense desestimó los otros cargos que pesaban en su contra.

Permanece en una prisión en Texas y puede enfrentar hasta 20 años de prisión; aunque la fecha de su sentencia todavía no ha sido programada.

También fue Gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010  y fue detenido el 6 de octubre de 2017 en Ciudad Victoria, acusado de peculado y lavado de dinero, debido a que era investigado por apropiarse de un inmueble de mil 600 hectáreas que formaba parte del patrimonio del Estado.

Hernández Flores también enfrenta acusaciones en una corte de Texas, en Estados Unidos, de conspiración para blanquear dinero junto a su cuñado Óscar Gómez Guerra. El 19 de junio de 2015, el Departamento de Justicia de ese país anunció que buscaba confiscar al exmandatario estatal 30 millones de dólares.

En la acusación también se incluía un aviso de confiscación penal de cuatro propiedades -tres de ellas en McAllen y una en Austin- valoradas en más de dos millones de dólares.

Fue ingresado al penal de Victoria y luego fue enviado al penal de Tenango del Valle. Ha obtenido dos amparos, el más reciente el 19 de enero de 2022 con lo que el juez decretó su libertad respecto al caso en que fue acusado de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Asociación delictuosa.

El exgobernador tiene pendiente la resolución de un amparo para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, busca procesarlo por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero.

El exgobernador de Sonora, emanado de las filas del Partido Acción Nacional, fue detenido en 2016 acusado de los delitos de delincuencia organizada  y por operaciones de recursos de procedencia ilícita.

El 2 de febrero de 2019, salió del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, luego de pagar  100 millones de pesos para cumplir su condena, por lavado de dinero, en libertad.

Fue gobernador de Tabasco de 2007 a 2012. Durante su sexenio, la entidad sufrió crisis relacionadas con la carencia de recursos para pagos a proveedores, particularmente del sector médico.

En 2013 la PGR lo acusó por la presunta evasión de 2 millones 156 mil pesos, toda vez que el político tabasqueño no declaró ingresos en el año 2009. Según las autoridades, solo reportó 2 millones 552 mil 207 pesos, cuando en realidad obtuvo 10 millones 357 mil 979 pesos.

También estuvo envuelto en la polémica luego de que declaró que tenía más de mil camisas, 300 trajes, 400 pantalones y 400 pares de zapatos. Posteriormente dijo que se trataron de “comentarios lamentables” y aseguró que su guardarropa consistía solamente de 30 camisas y unos 10 pares de zapatos.

Su detención se realizó el 25 de junio de 2013 a petición de la fiscalía estatal que lo acusó del desvío de al menos mil 900 millones de pesos que estaban destinados a programas sociales. Granier Melo ingresó en junio de 2013 al Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, en la Ciudad de México,  pero debido a su estado de salud, fue trasladado al Reclusorio de Tepepan, también ubicado en la capital del país.

El 18 de enero de 2019, Granier Melo dejó la Torre Médica de Tepepan para ser trasladado a su casa ubicada en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, en donde estaría en prisión domiciliaria. En mayo de ese mismo año, un juez le concedió la libertad absoluta, luego de cumplir 71 años de edad.

El exgobernador de Quintana Roo, también emanado del PRI, fue detenido en 2001 acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud. Pasó seis años en prisión acusado de facilitar el tráfico de cocaína por Cancún hacia Estados Unidos para el cártel de Juárez;  al cumplir esta condena fue arrestado de nuevo en 2010 y extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable de lavado de dinero y sentenciado a 131 meses de prisión, luego de que se acreditara el tiempo que ya había estado detenido en México.

Fue repatriado desde Estados Unidos en 2017 para continuar con su condena en México. Luego de una larga batalla legal e incluso, de que el exmandatario estatal enviara una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se le concediera la libertad domiciliaria debido a su avanzada edad y a su deteriorado estado de salud, ésta le fue otorgada en 2020.

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