La Ley Federal de Revocación de Mandato fue aprobada en septiembre del 2021 por diputados federales y senadores de la República, y en el artículo 35 de la Constitución Política de México se establecen los criterios para su realización además de las reglas que se deben cumplir para su difusión.
La Constitución establece de manera puntual que solo el INE y los organismos públicos locales (estatales) promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. También indica que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido crítico sobre la rigidez de la veda y las llamadas cautelares sobre algunas de sus conferencias matutinas a cargo del propio INE y el Tribunal Electoral, y desde el espacio en su conferencia diaria ha señalado a los consejeros del Instituto de “antidemocráticos”.
Sin embargo, desde el Instituto Nacional Electoral argumentan que las razones para hacer algunos llamados de atención sobre la difusión de la Revocación de Mandato desde la propia mañanera es por considerar que se hace propaganda gubernamental a través de estos espacios mañaneros en la que el titular del Ejecutivo tiene la atención de todos los medios de comunicación.
La respuesta del Instituto y del Tribunal es que actúan conforme a los lineamientos constitucionales, donde se ordena que durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
En la Reforma aprobada por el Congreso de Unión se establece que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.
En septiembre del 2021 el Congreso de la Unión aprobó en la Ley Federal de Revocación de Mandato los lineamientos para este ejercicio, no obstante, el jueves 10 de marzo en la Cámara de Diputados, donde Morena y su partidos aliados tienen mayoría, se aprobó un decreto de interpretación por el cual se resuelve el concepto de propaganda gubernamental, para establecer que las “expresiones” de los servidores públicos no sean consideradas como propaganda y con ello, no sean prohibidas durante la veda electoral de cualquier ejercicio de participación ciudadana, incluida la consulta de revocación de mandato.
Esta modificación que incide sobre sobre la ley de la Revocación de Mandato ocurrió luego que algunos legisadores de Morena y varios gobernadores que forman parte de las filas del mismo partido, se pronunciaron públicamente sobre este ejercicio a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, insinuando que sería ratificado por la mayoría del pueblo.
Ante los llamados del Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar propaganda electoral con motivo de la Revocación de Mandato, Mario Delgado, líder nacional de Morena, exigió que se hiciera una reforma electoral bajo el argumento de que los ocnsejeros de este Instituto son parciales y prohíben la difusión de la Revocación de Mandato.
La respuesta de Mario Delgado se dio tras la denuncia de los partidos PAN, PRI, PRD en contra de la colocación de 278 anuncios espectaculares, 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y 11 lonas, desplegadas en 15 estads de la República.
Estas fueron tomadas por el INE como propaganda no genuinamente ciudadana, ya que era el posible resultado de una simulación en forma de estrategia a nivel nacional.
Por este motivo, varios de los representantes de Morena, además de legisladores y gobernadores que pertenecen a las filas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han cuestionado las decisiones del INE para remediar las violaciones a la veda electoral.
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