Aprobaron, en fast track, la reforma de Morena a la propaganda gubernamental

Con 268 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, misma que fue presentada este jueves 10 de marzo por Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena y presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Como la reforma fue calificada de urgente, el pleno pasó a su votación inmediata y quedó aprobada por la mayoría legislativa de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); sin embargo, los detractores del oficialismo advirtieron violaciones a la ley.

El presidente de la Cámara de Diputados señaló que esta iniciativa establece que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.

En consecuencia, el Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que se busca atropellar los límites de la propaganda gubernamental porque los tribunales electorales están para sancionar el uso de recursos públicos con fines partidistas y para eso se han establecido las vedas electorales.

Paulina Rubio, del albiazul, dijo que la iniciativa “trasgrede el proceso legislativo y el principio de democracia” y subrayó que “resulta invasivo de las facultades constitucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque busca imponer criterios de resolución en la forma de decreto”.

Y es que la reforma de Gutiérrez Luna pretende modificar el concepto de propaganda gubernamental contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), esto para especificar que si las menciones de procesos electorales o de la Revocación de Mandato o en otros procesos electorales no se hacen con cargo al presupuesto, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público, no serán tomadas en cuenta como propaganda.

Con esta modificación, por ejemplo, las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante las conferencias matutinas, en favor de la participación de la Revocación de Mandato no serán entendidas como propaganda, por lo que la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) —que también fue ratificada por el TEPJF— de silenciar al mandatario ante este tópico quedarían sin efecto.

De igual modo, las declaraciones que se haga vía redes sociales (publicaciones en Twitter o Facebook) no serían tomadas en cuenta como propaganda gubernamental, pues éstas no estarían siendo cargadas al erario público, sino como parte del ejercicio de libertad de expresión de algún funcionario.

Cabe recordar que, así como aplicaría para la Revocación de Mandato, también aplicaría para las elecciones de personas servidoras públicas en todos los niveles, aún durante el periodo de veda. Dicho periodo es marcado por el Estado para evitar expresiones que puedan influir en la toma de decisiones de la ciudadanía. En este sentido, es de destacar que habrán elecciones de gobernador en seis entidades (Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca, Quintan Roo, Hidalgo y Durango).

Fue así que Marcela Guerra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que la fundamentación jurídica es errónea ya que el Artículo 72, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) sí establece una facultad del Congreso de la Unión de interpretar leyes vigentes, pero no de interpretar esas leyes vigentes para cambiarlas.

Por lo que sostuvo que no se puede permitir que la Cámara de Diputados se transforme en una institución que vulnere el marco constitucional.

En contraste, Gerardo Fernández Noroña, del PT, afirmó que no está a discusión el derecho de un legislador a presentar una iniciativa sólo por su carácter de presidente de la Mesa Directiva, y consideró inaceptable que se siga tolerando “la acción facciosa de boicot del INE a la consulta de la revocación de mandato”.

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