Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018 han sido asesinados 55 periodistas en México, con lo cual rebasó los datos registrados en la mitad del sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Según informes de la Secretaría de Gobernación (Segob), 252 trabajadores de la prensa han sido ejecutados desde diciembre de 2006 hasta este 8 de marzo de 2022. De ellos, 220 fueron hombres y 32 mujeres. Sin embargo, al comparar tres años particulares de las dos últimas administraciones con la del actual mandatario, la cifra se ha rebasado.
Desde inicios del sexenio de López Obrador a la fecha fueron asesinados seis mujeres y 49 hombres dedicados al periodismo. Aunque al contabilizar los registros de 2019, 2020, 2021 con 2007, 2008, 2009 y 2013, 2014 y 2015, el gobierno del tabasqueño superó las cifras.
Con los tres años del panista Calderón indicados se contabilizaron 41 periodistas asesinados, mientras que con el priista Peña Nieto fueron 44 y con el presidente en turno han sido 47. Es decir, las ejecuciones solo aumentaron.
Apenas iniciaba la presidencia en diciembre de 2006 cuando fue asesinado un periodista. Al año siguiente se acumularon 10 más, nueve de ellos hombres; en 2008 hubo 14; 2009, 17; 2010, 20; 2011, 18; y en 2012, 23; un total de 101 casos. Durante el sexenio del exgobernador mexiquense, desde 2013, fueron 10 casos de periodistas asesinados; 2014, 15; 2015, 19; 2016, 15; 2017, 17; 2018, 20; con saldo final de 96 registros.
Ya en la administración de López Obrador, a partir de 2019, fueron 15 comunicadores hombres y dos mujeres asesinados; al año siguiente, 17 hombres y tres femeninas. Mientras que en 2021 hubo otra decena de masculinos y en este 2022 han sido cinco hombres y una mujer: Lourdes Maldonado.
La Segob informó de los casos luego de que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos presentara el informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por sexenio, género y año.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la dependencia, indicó que las agresiones contra la prensa y defensores de derechos humanos son el crimen organizado, la impunidad, corrupción y colusión entre autoridades con grupos delictivos. Además, influye el incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia y la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de este gremio.
Desde 2012 surgió la unidad para atender la violencia contra comunicadores, debido a omisiones de políticos involucrados en ataques, así como fiscalías y policías. Los encargados de ministerios públicos tampoco dictaban medidas ante víctimas en riesgo.
El mecanismo no implementa directamente acciones para la prevención del delito en estados o municipios, no investiga delitos ni le corresponde abatir la impunidad en la justicia tratándose de los casos y no cuenta con atribuciones para erradicar la violencia generalizada que existe en entidades federativas
El funcionario reiteró que el objetivo es coordinar y cooperar en los tres órdenes de gobierno para implementar acciones que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo o bajo amenaza. Aclaró que se trata de algo extraordinario.
Las medidas otorgadas por el mecanismo no suplen las obligaciones legales que le corresponden directamente a las policías estatales y municipales
La última ejecución de este año sucedió el pasado 4 de marzo, cuando sicarios que ya han sido identificados, atacaron a balazos al reportero Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas, cuando viajaba a bordo de un auto blanco, durante el desarrollo de su segundo empleo como taxista. Llevaba pasaje, pero él fue el único agredido.
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