La Cámara de Diputados, con una votación unánime de 449 a favor, aprobó la reforma para que los funcionarios observan en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, el principio de igualdad de género, esto con la finalidad de poder proporcionar un servicio público con perspectiva de género y poder evitar transgresiones a las garantías individuales, particularmente a las de las mujeres.
En el marco conmemorativo del día mundial de la mujer, este 8 de marzo, el pleno reunido en el Palacio Legislativo de San Lázaro dio luz verde a las modificaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que permitirá visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan niñas y mujeres de todo México en el momento de tener que ser atendidas por funcionarios sensibilizados en materia de género.
Específicamente, se hará una adición al primer párrafo del Artículo 7 de dicha ley, en la que se advierte que una de las problemáticas que enfrentan las mujeres víctimas de violencia es es ser revictimizada por los servidores públicos al momento de levantar su denuncia y que esta mala praxis nulifica la correcta enunciación y visibilización de hechos de esta naturaleza.
En consecuencia, se entiende que la formación de bases de datos y estadísticas de la violencia ejercida contra las mujeres está viciada, pues la mala documentación de estos hechos otorga datos erróneos, que luego serán interpretados por el Estado y, en consecuencia, la forma de tratarlos no sería la adecuada.
Actualmente, la redacción de dicho artículo dicta que “, las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitirán los Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación.
“La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los períodos que señalen los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior”
Asimismo, la reforma que remitida al Senado de la República para su ratificación destaca la importancia de que las personas servidoras públicas se capaciten adecuadamente y que existan exámenes más rigurosos que evalúen su aprendizaje y ejercicio dentro de la administración pública, para que los solicitantes de los servicios y en el caso de impartición de justicia, realicen un adecuado trato hacia las víctimas de los delitos y en especial a las mujeres, niñas y niños violentados.
Por su cuenta, Noemí Salazar, diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló durante la fundamentación de esta iniciativa que sin duda, “tendrá grandes frutos, ya que evitará que las mujeres víctimas de violencia sean revictimizadas por personas servidoras públicas”.
Bajo esa lógica, Salazar López insistió en que toda niña, adolescente o mujer que sea víctima de cualquier tipo de violencia debe ser atendida con visión de género. Esto quiere decir que para respetar los derechos humanos de la víctima, el trato debe de ser atento, respetuoso, comprensivo, solidario y con sensibilidad ante los hechos.
“Es un gran paso para que las mujeres y hombres que prestan su servicio en alguna institución de gobierno sean capacitados y certificados en temas de igualdad de género”
Por su cuenta, Taygete Rodríguez, de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que “es evidente que existe una necesidad real de que las actividades que se desempeñan dentro del servicio público tengan perspectiva de género”, pues no puede ser el servicio público replique las desigualdades que viven las mujeres en tantos otros espacios en su vida; por el contrario, el servicio público está íntimamente relacionado a que estas desigualdades y violencia se terminen.
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