Este sábado 19 de febrero se cumplen 16 años de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila; en la que 65 trabajadores perdieron la vida y en donde permanecen sepultados, bajo toneladas de tierra, los cuerpos de 63 trabajadores.
En días pasados, el martes 15 de febrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que iniciará la primera etapa del rescate de los restos de los mineros para poder entregarlos a sus familiares, uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para lograr la extracción de los cuerpos se deberán construir dos lumbreras –túneles o aperturas– trabajos que estarán a cargo del consorcio conformado por las empresas Desarrollo de Terracerías, S.A. de C.V., propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña, y PROACON México, S.A. de C.V.
De acuerdo con lo señalado por la CFE y el consorcio, la construcción de las lumbreras servirán para aproximarse al sitio donde estarían los restos de los mineros.
La obra consistirá en la edificación de losa de cimentación, excavación subterránea a 150 metros de profundidad, la instalación de galería de ventilación, instalación eléctrica, de escalera, elevador y grúa pórtico, así lo detalló Vicente Arévalo Mendoza, titular de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la CFE.
La construcción de los túneles se desarrollará en tres etapas. La primera arranca este mes y tendrá una duración mayor a un año (6 de abril de 2023). La segunda etapa durará 20 meses e iniciará en marzo, en donde se construirán las rampas de acceso, galerías de aproximación y túneles de conexión.
En la tercera etapa que iniciará en mayo de 2023, se realizará la operación del sistema de ventilación, desgasificación, excavación del pilar seguro, estabilización selectiva de las obras abandonadas, búsqueda y recuperación de restos en interacción con disciplinas complementarias y proceso de abandono de las obras.
La Comisión Federal de Electricidad aseguró que también ha empleado a 34 familiares de mineros para el proyecto de rescate, entre los cuales 18 siguen activos y 16 han concluido contrato.
En vísperas del 16 aniversario de la tragedia, la organización Familia Pasta de Conchos emitió un comunicado en el que volvió a exigir justicia.
“Las familias continuaremos exigiendo verdad, justicia y medidas de no repetición, reafirmando la prioridad que desde hace 16 años mantenemos por el RescateYa”, puntualizó el texto.
La madrugada del 19 de febrero del 2006 se registró una explosión a causa de la acumulación de gas en la mina 8 de Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México de Germán Larrea, en donde trabajaban 73 trabajadores del tercer turno.
En el interior fallecieron 65 mineros, de los cuales continúan sepultados 63 trabajadores. Los rescatistas solo pudieron extraer dos cuerpos: el de Felipe de Jesús Torres Reyna ( 23 de junio del 2006) y el de José Manuel Peña Saucedo (primero de enero del 2007).
El 4 de abril del 2007, Grupo México decidió suspender los trabajos de rescate argumentando que se ponía en riesgo la vida de los especialistas. Desde ese momento a la fecha, los familiares de las víctimas no han dejado de exigir la extracción de los restos.
El 30 de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se hizo la “reparación de daños” a las familias afectadas y destacó que se destinaron 2 mil millones de pesos para las acciones de búsqueda y rescate de los cuerpos.
Señaló que la decisión se tomó a partir de una reunión que sostuvo con las familias de las víctimas y a quienes se les había planteado dos alternativas: comprar el terreno de la mina y levantar un mausoleo en memoria de los fallecidos o rescatar los cuerpos. Ambas opciones incluían reparación económica de los daños, construcción de viviendas y aplicación de un programa de desarrollo.
A pesar que no hubo consenso entre los familiares, López Obrador aseguró que se acató la decisión de quienes optaron por el rescate de los cuerpos.
“Más de 30 (estuvieron) a favor de que se dejaran los cuerpos ahí con el argumento de que ‘¿Para qué los iban a sacar si iban a colocar sus restos en otra parte? A un panteón y que eran muchos los riesgos’. (...)”.
“Pero 10 o 15 dijeron: ‘No. Nosotros queremos los cuerpos’ Y tomamos esa decisión y estamos invirtiendo, haciendo los túneles, para sacar los cuerpos. Nos va a llevar dos años y medio. (...) Ya se les pagó la indemnización. Ya se repararon los daños. Ya estamos trabajando en las obras sociales”, relató en su conferencia de prensa matutina del 30 de septiembre del año pasado.
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