La Fiscalía General de la República (FGR) estaría investigando al exconsejero de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, por sus presuntos nexos con la empresa española OHL.
De acuerdo con el portal Animal Político, el despacho del hermano de Julio, Pedro Scherer, ADS, fue contratado directamente por OHL para la reestructura de una deuda, mientras que su sobrino y el hijo de su pareja trabajan en un despacho de abogados, “Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca”, que representa a los principales accionistas de la constructora. El mismo Julio Scherer fue socio de esa misma firma de abogados.
El portal detalló que en 2016 los litigantes del despacho de Gaxiola, junto con Scherer, fungieron como representantes legales de Andrés Manuel López Obrador en un litigio que éste inició en contra del diario Wall Street Journal por una nota publicada sobre propiedades no declaradas.
Según la investigación del medio, la FGR inició una carpeta de investigación en la que presume que Scherer utilizó sus facultades legales y se coludió con otros funcionarios públicos para validar una concesión a Aleática la cual le reporta ingresos millonarios a través de actos de autoridad emitidos por Scherer desde su cargo como consejero jurídico, y mientras sus familiares y allegados tenían una relación contractual con despachos al servicio de la constructora.
De acuerdo con datos contenidos en el expediente ministerial, en abril de 2020 –cuando Aleática aun enfrentaba un inminente conflicto por las irregularidades en el Viaducto Bicentenario– OHL le pagó alrededor de 200 millones de pesos al despacho ADS como honorarios por el refinanciamiento de la deuda de la Autopista Urbana Norte, que también le fue concesionada a Aleática.
Poco después, la empresa IFM Investors Pty Ltdl –principal accionista de OHL Aleática– nombró como uno de sus apoderados legales al abogado Rodrigo Lagos Scherer, sobrino de Julio Scherer Ibarra, acto que fue avalado ante el notario público 121 del Estado de México y del cual el medio posee copia de ese documento.
Pero además, Lagos Scherer es socio de la firma de abogados “Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca”, uno de los despachos que defiende a Aleática en diversos conflictos. En el despacho trabaja como abogado pasante, Carlos Suarez Tavernier, hijo de la actual pareja de Julio Scherer Ibarra.
Aunque de acuerdo con el currículum de Scherer Ibarra -que puede revisarse en la Plataforma Nacional de Transparencia- dejó de ser socio de Rivera Gaxiola en 2013, el exconsejero de la presidencia así como su familia mantuvieron nexos con el despacho en los años siguientes.
“Prueba de ello es que, en 2016, tanto Rivera Gaxiola como Scherer Ibarra y Suarez Tavernier fueron autorizados en conjunto por Andrés Manuel López Obrador para representarlo en la demanda civil promovida por daño moral en contra de Dow Jones & Company por una nota publicada en el diario Wall Street Journal”, destacó el medio.
La información del medio estadounidense reportaba la existencia de al menos dos propiedades que López Obrador había omitido en su declaración patrimonial 3 de 3. El entonces aspirante a la presidencia de la República consideró que la publicación perjudicaba su imagen debido a que “la información no había sido bien corroborada”.
En la carpeta de investigación abierta por la FGR en contra de Scherer por múltiples delitos, se denuncia que el despacho Rivera Gaxiola, en su calidad de representante de la empresa Aleática, fue uno de los beneficiados de manera indirecta por la determinación de la SCT de legalizar la concesión de la empresa española para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario hasta el año 2038.
La línea de investigación de la Fiscalía apunta a que el exconsejero Jurídico de la Presidencia habría operado para favorecer a Aleática, con la supuesta finalidad de que el despacho jurídico tuviera beneficios.
La Fiscalía tiene abiertas al menos otras tres carpetas de investigación con el mismo denominador: la intervención de despachos de abogados cercanos al exconsejero Jurídico de la Presidencia, que prometían arreglar los conflictos de posibles clientes con la autoridad, a cambio de honorarios elevados.
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