Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía del Estado (FGE) de Jalisco, anunció este martes 1 de febrero la renuncia a su cargo de forma “anticipada” por problemas de salud.
El historial de Solís Gómez incluye acusaciones por represión policial, detenciones arbitrarias, tortura, tráfico de influencias, ente otras.
Solís Gómez fue nombrado como procurador de Jalisco en mayo del 2000 por el ex gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y fue ratificado al año siguiente en su cargo por el mandatario Francisco Ramírez Acuña. Se desempeñó en aquel puesto hasta 2005, cuando fue nombrado secretario general de gobierno.
Durante el tiempo que se desempeñó como procurador se suscitaron actos de represión por parte de la policía estatal a los jóvenes que el 28 de mayo de 2004 se manifestaron contra las políticas neoliberales en medio de la Tercera Cumbre Latinoamericana y la Unión Europea, realizada en Guadalajara.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó 19 casos de tortura, 73 incomunicaciones y retenciones ilegales, además de tratos crueles y degradantes, como resultado de estas protestas. Sin embargo, ningún elemento fue investigado.
También, mientras fue procurador, se interpusieron unas 700 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte del personal de la procuraduría de Jalisco. Según una recomendación emitida por la Comisión local de Derechos Humanos, la Procuraduría “había adoptado la tortura como una práctica sistemática” en el período que abarca los años 2001 y 2006.
El 21 de noviembre de 2006 fue nombrado gobernador interino por el Congreso del Estado de Jalisco, cargo que ejerció hasta el 28 de febrero de 2007, cuando cedió su puesto a su sucesor electo, Emilio González Márquez.
Sin embargo, antes de dejar el cargo promovió en el Congreso local la creación de una policía secreta estatal para supuestamente combatir la delincuencia organizada, la cual no fue aprobada debido a la presión de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Ya como fiscal de la actual administración, volvió a generar polémica cuando insistió que el caso del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, asesinado en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020, ya estaba prácticamente resuelto y “solo faltaba detener a los responsables”.
En febrero de 2020 trascendió en los medios una denuncia en su contra por tráfico de influencias y obstrucción de la justicia, al desistirse del proceso en un asunto de despojo de terrenos presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.
En plena conmoción mundial por el asesinato en Minnesota del hombre afroamericano George Floyd, en mayo del 2020 ocurrió en México un caso similar que no recibió tanta atención mediática: Giovanni López, un albañil de 30 años, fue asesinado por los policías que lo detuvieron en el municipio de Ixtlahuacán por supuestamente incurrir en una “falta administrativa”.
El 6 de junio de 2020, durante las protestas frente a la Fiscalía General del Estado por el asesinato de Giovanni López, elementos de la policía ministerial realizaron detenciones arbitrarias con métodos con características de desaparición forzada, según señalaron organismos de Derechos Humanos. Por esos hechos Gerardo Solís se vio forzado a pedir disculpas.
El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que la probabilidad de que Solís Gómez abandonara su cargo “estuvo latente desde los últimos meses y era un escenario que se tenía acordado”.
El Ejecutivo mandará una lista al Congreso del Estado para que se elija a su próximo sucesor. Los nombres que figuran para ocupar el puesto son Luis Joaquín Méndez Ruiz, actual Fiscal Ejecutivo; José Alberto Mora Trujillo, Fiscal Regional; y Jorge Baltazar Pardo Ramírez, director General de delitos cometidos en contra de las mujeres por razón de género, trata de personas y feminicidios.
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