La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por unanimidad ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionar información, así como entregar carpetas de investigación, al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya y el caso Odebrecht.
De acuerdo al comunicado de prensa que emitió la Sala Superior, los documentos que deberá de entregar la Fiscalía al instituto corresponden a cuatro carpetas de investigación, las cuales tienen relación con un procedimiento de fiscalización en el que el INE actualmente se encuentra en proceso de emitir sentencia.
Con base en la relatoría de los hechos, la cuestión se remonta al 2017 cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron una serie de denuncias ante el órgano electoral contra hechos que ocurrieron con el entonces candidato a la Presidencia de la República, Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, así como las personas morales Odebrecht y OHL.
Los institutos políticos denunciantes acusaron a Odebrecht y OHL de realizar una probable “aportación de ente prohibido” a favor de la campaña política del exgobernador del Estado de México; contribución que habría sido recibida por el PRI y el PVEM.
Agregó que en abril de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó a la FGR información y copias sobre el tema; sin embargo, recibió una respuesta negativa por parte de la autoridad, debido a que se argumentó que dichos documentos poseen un carácter de reserva, por lo cual se tenían que “salvaguardar el sigilo de las investigaciones”.
Ante la respuesta recibida, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó un juicio ante el Tribunal Electoral; caso que fue presentado en 2021 ante el pleno por el anterior magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, y se determinó que “el secreto ministerial no es oponible a la facultad de fiscalización del INE”.
“La determinación anterior se basó, esencialmente, en que el ministerio público debe tener en cuenta que tanto la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, así como el Código Nacional Procesal Penal, señalan que las autoridades federales, como lo es la FGR, deben colaborar con las autoridades electorales, en esta ocasión con el INE, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, como lo es la fiscalización”
Finalmente, el TEPJF anunció que el hecho de que la FGR entregue información reservada al INE, no quiere decir que ésta perderá su calidad, debido a que el órgano colegiado tiene la obligación de mantenerla protegida y de utilizarla exclusivamente para los fines estrictamente necesarios.
“Por tanto, el pleno vinculó a la FGR para que la entregara al INE la documentación y la información solicitada, para que ese Instituto Electoral pueda cumplir con sus facultades constitucionales de fiscalización”, sentenció el Tribunal.
Por su cuenta, el pasado 14 de enero, la Fiscalía inició el proceso para desclasificar la carpeta de investigación referente al caso Odebrecht, donde se incluyen 36 declaraciones de 22 funcionarios públicos del sexenio de Enrique Peña Nieto, realizadas ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.
Entre los nombres que figuran en los documentos se encuentra el de Lozoya Austin, quien en su declaración ministerial del 17 de agosto de 2017 se reservó su derecho a declarar y negó “cualquier imputación que se formule o se haya formulado en mi contra”.
También se encuentran personajes de la actual administración al frente de Pemex, como André Arthur Glorieux González, Arturo Arregui García, José Aarón Marrufo Ruiz, Armando Hiram Hinojosa González, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano.
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