La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso para desclasificar la carpeta de investigación referente al caso Odebrecht, donde se incluyen 36 declaraciones de 22 funcionarios públicos del sexenio de Enrique Peña Nieto, realizadas ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.
Entre los nombres que figuran en los documentos se encuentra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien en su declaración ministerial del 17 de agosto de 2017 se reservó su derecho a declarar y negó “cualquier imputación que se formule o se haya formulado en mi contra”.
En el listado también se encuentran personajes de la actual administración al frente de Pemex, como André Arthur Glorieux González, Arturo Arregui García, José Aarón Marrufo Ruiz, Armando Hiram Hinojosa González, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano.
La liberación de los documentos se da luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó el pasado 25 de noviembre del 2021 que la Fiscalía tenía que entregar una versión pública de la carpeta de investigación por ser considerado un tema de interés público y tratarse de un caso de corrupción.
En su momento, el INAI pidió entregar en formato electrónico la versión pública de todos los interrogatorios y declaraciones recabadas entre enero de 2017 y septiembre de 2021, como parte de las indagatorias contenidas en la carpeta de investigación relacionada con el caso Odebrecht.
El Instituto también indicó que la dependencia tiene que proporcionar una versión pública de los documentos que den cuenta de los nombres de las personas interrogadas y a las que se les ha tomado declaración, ya sean particulares, funcionarios o exfuncionarios públicos, precisando la fecha.
Adicionalmente, el Pleno del INAI ordenó a la FGR publicar la información pedida en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con el artículo 70, fracción XLVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y actualizarla de manera trimestral, como lo marcan las obligaciones de transparencia.
“El interés de sociedad para acceder a la información relacionada con las investigaciones iniciadas por el caso Odebrecht ha sido constante; desde octubre del 2018, mediante la resolución RRA 4436/18, el Pleno ordenó la entonces PGR dar a conocer versión pública de la averiguación previa y, a la fecha, el Instituto ha resuelto más de 16 recursos de revisión relacionados y en todos ellos se ha ordenado que se entregue información”, afirmó el Comisionado Oscar Guerra Ford.
El funcionario explicó que el artículo 66 de la Ley Federal de Transparencia prevé que las resoluciones del Instituto se conviertan en una obligación de transparencia, atendiendo la relevancia social de la información.
“El propio presidente de la República ha referido que este caso es de interés nacional y, por la repercusiones que tuvo tan fuertes o que pudo tener en el erario público, es muy importante que se pueda transparentar, la ley lo permite con la parte excepcional de las reservas cuando son actos de corrupción, que es la que estamos aplicando”
Por su parte, la Fiscalía General de la República respondió que la carpeta de investigación se encontraba en trámite y, por tanto, la información estaba clasificada como reservada y confidencial, de acuerdo con la Ley de Transparencia.
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