La organización Artículo 19 rechazó las amenazas cometidas por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en contra del periodista Ricardo Ravelo Galó, quien en dos columnas de opinión lo vinculó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Fue durante la conferencia de prensa del pasado lunes 27 de diciembre cuando el mandatario estatal anunció que iniciaría acciones legales por supuesto “daño moral” en contra del escritor y especialista en temas de narcotráfico
“Está presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios, simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces; me parece una falta de respeto, incluso de ética el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría que están presentadas las demandas y estamos solicitando medidas cautelares”, declaró Alfaro.
Esta no es la primera vez que el político surgido del partido Movimiento Ciudadano (MC) busca censurar y coartar la libertad de expresión con ayuda de las instituciones del Estado. El 1 de julio de 2018, le ordenó a la periodista Carmen Aristegui no difundir una nota publicada en su portal y escrita por la periodista Anabel Hernández, que presuntamente evidenciaba una investigación de Estados Unidos en contra del gobernador de Jalisco.
Enrique Alfaro interpuso una queja ante la Comisión de denuncias y quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, institución que, tras una “obsequiosa actitud”, desechó el recurso y lo catalogó como improcedente en el mes de diciembre del mismo año.
“Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la información había dejado de circular desde julio de 2018″, detalló Articulo 19.
Posteriormente, la organización independiente consideró “sumamente preocupante” la pretensión del gobernador de “censurar información e inhibir el debate y flujo de información sobre temas de interés público”, pues, a su parecer, como funcionario tendría que garantizar el derecho a informar y estar informado.
“Aún peor resulta la utilización de instituciones judiciales y/o administrativas para provocar esa censura, abusando incluso de figuras como las ‘medidas cautelares’ para intentar bajar notas periodísticas de inmediato y sin resolverse los procesos legales de fondo”, ahondó Artículo 19.
En el comunicado exhortaron a Enrique Alfaro a desistir en su demanda, así como a realizar cualquier otra acción que vulnere la integridad y el trabajo periodístico de Ravelo Galó, por lo que lo instaron a garantizar su libertad de expresión para proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener información.
Finalmente, instaron al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas a contactar al escritor del libro Los Narcopolíticos para analizar el riesgo en el que se encuentra, junto con su familia, para otorgar las medidas de protección pertinentes.
“Hacemos un llamado a las autoridades investigadoras, administrativas y judiciales para que se abstengan de ejercer censura en contra del periodista mediante medidas desproporcionadas e ilegales. Siendo que como autoridades deben de garantizar el derecho fundamental de libertad de expresión”, sentenció la organización.
La reacción del gobernador se dio luego de que Ricardo Ravelo publicara dos columnas de opinión en las que el reveló una presunta relación entre el mandatario estatal con dos personajes ligados a la organización de las cuatro letras: una mujer identificada como María de los Ángeles López, alias La loba, y Leonardo Mireles Escobar.
También habría destapado que Alfaron sería el líder de “una amplia red de tráfico de influencias, negocios en el Poder Judicial y presunto lavado de dinero con anexos al grupo criminal en cuestión”.
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