La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) que entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) la información sobre la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay que recordar que Pío es acusado de recibir en 2015 recursos públicos en beneficio de Morena, partido que llevó al poder a AMLO en 2018. El INE ha solicitado en diversas ocasiones esta información, pero la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) se ha negado con el argumento del “secreto ministerial”, por lo que el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo, presentó dos quejas ante el TEPJF.
Durante la discusión en sesión, el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, señaló al respecto que “no es oponible el secreto ministerial para el INE en el ejercicio de sus funciones de fiscalización”.
Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes estimó indispensable fortalecer a los organismos electorales y a las instituciones en general, porque aseguró que con ello, se combate a la corrupción y se observan los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
“La colaboración institucional no solo es una posibilidad, sino es un deber [...] La secrecía adquiere sentido cuando se opone, insistiría, solo a terceras personas que no tienen la función o la facultad de perseguir acciones antijurídicas”
Mientras tanto, la magistrada Janine Otálora dijo que se debe entrar al análisis en el fondo del asunto y porque el INE tiene facultades de solicitar información y la FGR tiene obligación de entregarla, en materia de fiscalización de recursos en contiendas políticas.
Los que se opusieron
Cabe mencionar que, para este caso se realizaron dos proyectos de discusión. El primer proyecto, a cargo de la magistrada Mónica Soto, quien propuso desechar la demanda del INE al considerar que las actuaciones de un agente del Ministerio Público, es de ámbito penal y “no corresponde a las competencias del Tribunal Electoral”, y aunque se trate de una solicitud de fiscalización electoral, no justifica que la queja llegue a esta Sala.
Mientras que en el segundo caso, el polémico magistrado José Luis Vargas propuso analizar de fondo el caso y declarar infundadas las intenciones del INE, pues consideró que no existe una norma que faculte al INE a que “ante la actividad fiscalizadora pueda superarse la secrecía ministerial, como sí sucede en la bancaria, fiduciaria y fiscal”.
Sin embargo, los demás magistrados rechazaron los proyectos y en ambos casos se vinculó al agente del Ministerio Público a que proceda de acuerdo con la sentencia.
El videoescandalo
En 2020, el portal LatinUS exhibió un video donde aparece Pío López Obrador en un restaurante recibiendo dinero en efectivo por parte de David León Romero, entonces asesor del gobierno de Chiapas.
Al respecto, el presidente López Obrador descartó en más de una ocasión que se tratara de un acto de corrupción y advirtió que el dinero que recibió su hermano era parte de las “aportaciones ciudadanas” para fortalecer al partido Morena.
Sin embargo, Pío ha intentado que el Tribunal Electoral detenga la investigación que se lleva a cabo en el INE. Incluso, presentó dos impugnaciones ante el orden jurisdiccional electoral.
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