Juguetes, electrodomésticos, rifas de autos y música de banda: las imágenes de una posible posada de los Chapitos

Como ya parece ser tradición en Sinaloa, por tercer año consecutivo Los Chapitos habrían organizado una posada multitudinaria para el sector popular de la entidad que funge como bastión de uno de los cárteles más transnacionales y poderosos del país. Las imágenes de lo que presuntamente fue un evento organizado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, actuales líderes del Cártel de Sinaloa, fueron difundidas a través de las redes sociales.

En el material audiovisual se pueden observar cajas de regalos con juguetes Fisher-Price, cuadros de fomi para bebés, muñecas Little Mommy, triciclos, bocinas, patines, bicicletas, pelotas de plástico y electrodomésticos como estufas y refrigeradores. Casi sin excepción, a ninguno de los artículos parece faltarle la estampa o sello distintivo que sirve para indicar de dónde viene tanta “generosidad” hacia los más pobres: cada uno trae impresas las iniciales JGL en tonos dorados y sobre un fondo negro.

La imágenes también dieron cuenta de los ocho vehículos del año tipo sedán que supuestamente se rifaron entre los asistentes, de los variados grupos de música de banda que “amenizaron” la narcoposada, de las piñatas de todos los colores y de las decenas de gorras negras con las mismas siglas impresas y la leyenda “chapisa” bordada en uno de los costados. A diferencia de otros años, no se pudo observar a los cientos de asistentes eufóricos.

“Nosotros no tenemos información acerca de ninguna posada que hayan realizado los hijos del Sr. Guzmán”, declaró un elemento de la policía de Culiacán a Grillonautas. Por su parte, un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dijo desconocer si dicho evento se llevó a cabo, aunque confirmó que efectivamente ya estaban “dando puntual seguimiento a dicha información”. Incluso se dijo sorprendido por las imágenes recién difundidas y añadió que es muy probable que el evento sí se haya llevado a cabo, ya que es una costumbre de los Chapitos bien conocida en aquella región del norte de México.

Un evento similar organizado por los hijos de Guzmán Loera que se realizó el año pasado acabó en huida. Todo era baile y júbilo hasta que arribaron agentes del Ejército para disolver el magno evento en que se habrían de rifar siete autos, así como electrodomésticos

Con un escenario para diversos grupos musicales, piñatas y juguetes, el convivio comenzó desde la tarde del miércoles 16 de diciembre y se prolongó hasta las 01:00 horas del día siguiente. La posada fue junto a las canchas deportivas de San Diego, localidad perteneciente a la Sindicatura de El Dorado.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, reportó del hecho que causó indignación, pues el estado, al igual que diversas partes del planeta, vivía en una situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el posible contagio de la enfermedad por concentración de personas no pareció causar ningún temor.

El pasado miércoles, Joe Biden firmó una orden ejecutiva que incluyó a Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Por cada uno se ofertan 5 millones de dólares, ya sea que se ofrezca información que conduzca a su paradero o arresto.

Los cuatro son miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas.

Luego de la caída del Chapo Guzmán, los Chapitos tomaron el control de la fracción en el grupo criminal y han desatado una ola violenta por la disputa de diversas plazas para el trasiego de narcóticos desde México a EEUU.

A su vez, los hijos de Guzmán Loera fueron designados por el Departamento del Tesoro bajo la Ley Kingpin, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). De acuerdo con los reportes, operan desde Culiacán, capital de Sinaloa.

Todas las cuentas, bienes muebles e inmuebles, así como empresas serán confiscadas o congeladas por las autoridades de EEUU. Esta norma, aprobada por el Congreso estadounidense en 1999, le otorga autoridad a la administración de Biden para aplicar sanciones a los narcotraficantes extranjeros importantes, así como a sus organizaciones con operaciones en todo el mundo.

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