David Ezequiel tenía dos años de edad cuando perdió la vida durante un accidente de tránsito ocurrido en la colonia Nacionalista, al poniente de Mexicali el pasado 12 de septiembre. El bebé viajaba en un auto con sus padres que de pronto, este fue embestido por otro auto.

La presunta responsable del percance era una joven de 14 años identificada como Tania Dayan “N”, quien conducía bajo la influencia de drogas y alcohol.

Dos días después, la presunta responsable fue dejada en libertad, luego de que el juez especializado determinara como ilegal su detención, ya que los elementos de la policía municipal tardaron ocho horas en ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La autoridad confirmó que Tania Dayan “N” había ingerido cocaína, por lo que se encuentra vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo y sigue su proceso en libertad, pese a que originalmente fue acusada por homicidio involuntario, lo que le hubiera representado una mayor pena y seguir el juicio en prisión.

“Está libre (la joven a la que se responsabilizó del accidente), está festejando, ha subido estados en antros (fotos en sus redes sociales), tomando en lugares para adultos cuando tiene 14 años (...), aquí no le hicieron nada porque es una menor de edad, pero ella si está feliz allá. ¿Y mi niño?, ¿dónde está?”, expresaron Nayeli y Jovani, padres de David.

Señalaron que han recibido amenazas tratando de persuadirlos de no continuar con la denuncia, pues la menor está relacionada con narcotraficantes y polleros.

“Que no sigamos con el caso, que ellos tiran droga, que son polleros. A mí no me importa, tarde o temprano todas esas personas van a pagar, porque mi niño no era cualquier cosa, como para que no se haga justicia, él tenía una vida por delante”, dijo Nayeli, refiriéndose a las amenazas que han recibido ellos y los testigos.

Jovani comentó que se tardaron aproximadamente un mes en vincularla a proceso y posteriormente la defensa presentó una apelación, por lo que el caso se demorará al menos tres meses más.

Por atender el proceso, Jovani perdió el empleo que tenía en un restaurante, mientras que Nayeli se vio en la necesidad de comenzar a vender flores y manualidades para solventar los gastos jurídicos pues, dicen, no han recibido ayuda de las autoridades.

El abogado de oficio que les fue asignado por las autoridades, aseguran, no les ayudó mucho, incluso les comentó que no podrían encarcelar a la presunta culpable, por lo que deberían conformarse con que les pagara los daños. Por ello, optaron por buscar un abogado particular, lo que les ha representado más gastos.

Nayeli y Jovani denunciaron al agente policiaco que se presentó en el lugar del accidente, ya que tardó 20 minutos en hacer la llamada a la unidad médica, pero hasta ahora no ha pasado nada.

“El policía nos puso una demanda que porque le apedrearon la casa a su mamá y a él lo amenazaron de muerte; desde entonces nos pusieron vigilancia; haz de cuenta que hay vigilancia aquí afuera de la casa”, expresó Nayeli.

Ambos denunciaron que una patrulla los sigue continuamente por la ciudad y aunque las autoridades argumentaron que es para su protección, dijeron sentirse acosados.

Será el próximo 9 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia para conocer el futuro de Tania Dayan “N” y en caso de no recibir una sentencia favorable, adelantaron que seguirán manifestándose para conseguir justicia.

Mientras que la FGE reconoce que entre el 1 de enero y el 24 de agosto de 2021 en Mexicali se han registrado más de 16 mil 412 accidentes de tránsito, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reporta únicamente mil 432; apenas el 8 por ciento.

En los más de 16 mil accidentes de tránsito reportados por la autoridad estatal, se han registrado 527 atropellamientos, en los cuales han resultado fallecidas 27 personas, pero solamente nueve de esos casos han sido judicializados.

Pedro Ariel Mendívil, exfiscal regional en Mexicali, aclaró que la diferencia entre las cifras de cada dependencia se debe a que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) recaba datos generales sobre un hecho, mientras que la FGE también recibe denuncias de hechos que probablemente no abarca la dependencia municipal.

Detalló que en Mexicali se ha registrado un aumento del 98 por ciento en el número de accidentes automovilísticos y atropellamientos con respecto al 2020. De ellos, en el 13 por ciento de los casos los responsables se encontraban bajo el influjo del alcohol o de alguna droga.

El exfiscal regional reconoció que la pena por homicidio culposo, como son catalogados la mayoría de los casos, es de risa y permite a los responsables quedar en libertad.

“Se empezó a judicializar y a imputar por homicidio simple intencional por dolo eventual, lo que nos ha permitido tener a imputados en prisión preventiva”, comentó.

Agregó que de esta manera buscan que las víctimas tengan acceso a la justicia, toda vez que existe una percepción de impunidad entre la sociedad mexicalense.

Pedro Ariel Mendívil se negó a señalar que haya irregularidades u omisiones en los procesos de detención y que eso impida que los casos sean judicializados, pero dijo que el mayor problema es poner a disposición de las autoridades correspondientes a los presuntos responsables.

Por su parte, la DSPM registró 52 personas atropelladas hasta el 13 de agosto, es decir, sólo el 9 por ciento de lo que reporta la FGE. Los 52 atropellamientos antes mencionados dieron como resultado la muerte de 33 personas.

Vicente Robles Castañeda, comandante del Departamento de Tránsito de la DSPM, dijo que la policía municipal determina lo que vieron en la escena del accidente y lo plasma en el parte, el cual se entrega a la fiscalía para iniciar su investigación.

“Nosotros turnamos documentación, lo que sea necesario dependiendo de la situación de cada accidente. A la fiscalía le informas las evidencias que tuviste, el motivo, la razón, la responsabilidad y ellos ya determinarán con la investigación”, expresó.

Robles Castañeda explicó que la diferencia entre cifras se debe a que muchas ocasiones turnan personas lesionadas en accidentes, pero una vez que los casos son investigados desde la fiscalía el estatus cambia, ya sea porque posteriormente fallezcan o determinen que fueron atropellados.

“Muchas veces no fallecen en el lugar, fallecen en las clínicas, hay gentes que se quedan una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, y fallecen después del accidente”, detalló.

Cuando se registra un accidente donde fallece una persona, la policía municipal acude al llamado, revisan que haya ocurrido el hecho, acordonan el área, se acercan los peritos y se deslindan responsabilidades.

“Se ve la superficie, los carriles de circulación, el kilometraje, lugar del impacto, trayectoria; todo eso en conjunto lo plasmas en un parte de accidente y después periciales hace su investigación, lo que le corresponde a la fiscalía”, indicó.

Contrario a la percepción, aclaró que no son tantos los accidentes en los que los presuntos responsables están bajo el influjo de alcohol o drogas, más bien se debe a que van distraídos o utilizando su teléfono.

“Son contados los que hemos tenido que a la hora de certificarlos salen con un poco de aliento alcohólico, no tantos grados; hay otros que sí han estado detenidos por estado de ebriedad”, explicó.

Comentó que, debido a la reapertura de las actividades y al incremento en la movilidad, se ha presentado un aumento en el número de accidentes y atropellamientos, principalmente debido a las distracciones de las personas y a la falta de una cultura vial.

Óscar Omar Camacho López perdió la vida el 13 de diciembre del 2020 luego de ser atropellado en el fraccionamiento Villas de Toledo; pese a que el presunto responsable fue detenido por agentes municipales, solamente fue multado por conducir en estado de ebriedad.

En un video proporcionado por los familiares de Óscar Omar se aprecia al conductor en estado de ebriedad aceptando su culpabilidad, a escasos metros de los agentes policíacos.

La familia también denunció que los agentes municipales que atendieron el incidente no declararon la existencia de un fallecido, mientras que el cuerpo de Óscar Omar fue entregado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de desconocido.

“Esto fue ilícito, se hicieron muchas cosas que no se debían de hacer. El patrón de mi sobrino (Ócar Omar) dio toda su información y lo reportaron como desconocido, no pusieron hora de levantamiento ni nada, solamente pusieron la hora de entrada a SEMEFO”, expresaron familiares.

Aunque se sabía quién cometió el delito, ante el ministerio público no se registró el ingreso de ninguna persona por homicidio la noche del 13 de diciembre del 2020.

“Nosotros no vimos a ninguna autoridad; el día que fuimos a recoger el cuerpo de mi sobrino nos dijeron que nunca hubo detenido en el ministerio”, agregaron familiares.

Hasta ahora el presunto responsable no ha sido detenido, mientras que los agentes policíacos implicados en la detención guardan silencio.

Cuauhtémoc Castilla Gracia, abogado penalista con experiencia en este tipo de casos, considera que uno de los factores que ocasionan el incremento en el número de atropellamientos y fallecimientos es que las penas contempladas en el Código Penal no cumplen su función.

Actualmente, si una persona bajo el influjo de alcohol o drogas atropella y asesina a otra, se considera homicidio culposo y la pena es de 3 a 8 años de prisión.

Castilla Gracia considera que desde el momento en que una persona toma bebidas alcohólicas o drogas y decide conducir un automóvil, se convierte en un arma letal, por lo que debería ser procesado por homicidio simple intencional por dolo eventual, lo que representa una pena de hasta 15 años.

“El criterio tradicional es que este tipo de delitos son de homicidios culposos, con penas de 3 a 8 años, pero esas penas no son ejemplares, porque las personas ya saben que pueden alcanzar beneficios e incluso la libertad”, expresó.

Agregó que se requiere una reforma al Código Penal de Baja California para sancionar de forma ejemplar a quienes cometan este tipo de crímenes y evitar que sigan ocurriendo.

El abogado reconoció que en Mexicali se ha incrementado el número de atropellamientos, principalmente debido a que no hay acciones preventivas de las autoridades, lo que sumado a la falta de sanciones, genera una sensación de impunidad.

Señaló que estos factores también generan corrupción, pues hay casos en los que elementos policíacos permiten conducir a personas alcoholizadas a cambio de dinero y regularmente terminan en accidentes.

“Las penas no son disuasivas, no son ejemplificativas, no amenazan; si en un futuro la pena la suben de 15 a 20, 30 o más años, muchísima gente no lo haría, bajaría la incidencia de esos hechos”, reiteró.

Cuauhtémoc Castilla Gracia manifestó que el sistema de justicia se ha prestado para que sigan ocurriendo estos casos, ya que los criterios entre jueces y tribunales son distintos, ocasionando que más personas queden en libertad y haya menor acceso a la justicia.

En los casos documentados, familiares de las víctimas han denunciado irregularidades en los procedimientos llevados a cabo por agentes policíacos, lo que ha impedido un mejor acceso a la justicia.

Cuauhtémoc Castilla Gracia mencionó que desde la implementación del sistema de justicia acusatorio quedó pendiente la capacitación de elementos policíacos, por eso, es común que se presenten irregularidades en las detenciones, lo que propicia que los responsables sean liberados.

Dijo que los policías deben especializarse en materia de investigación, pues en muchos de los casos por omisiones se alteran las escenas del crimen, se pierden evidencias y no se realiza el trabajo adecuado.

“Falta capacitación de los cuerpos policíacos, en todos los sentidos, para que funcione el sistema”, expresó.

Agregó que hay una serie de protocolos que actualmente no se siguen, especialmente por desconocimiento y falta de preparación, por ello se requiere la creación de un instituto que se dedique específicamente a eso.

Castilla Gracia consideró que la capacitación quedó en jueces, magistrados, ministerios públicos, pero la base, que son los elementos policíacos, no fueron tomados en cuenta.

Al respecto, el abogado especialista en Derecho Penal y jubilado de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Ramírez, señaló que el Ministerio Público es el responsable de definir el futuro del presunto culpable, pero si recibe información incompleta es imposible que se proceda de forma correcta.

Comentó que cada caso es diferente y no se puede generalizar, pero aseguró que la labor de la policía municipal es detener a quien presuntamente cometió un ilícito.

“La autoridad que toma conocimiento de un hecho, supuestamente delictivo, es la policía municipal y debe de tomar el llamado en auxilio a la autoridad competente (En este caso la FGE)”, explicó el abogado.

El especialista explicó que, cuando se registra un fallecimiento, los agentes municipales no tienen la facultad para decidir si detienen o no al presunto culpable, pues su responsabilidad es remitirlo al Ministerio Público.

“Tienen que detenerlos, si toman conocimiento del hecho y fallece alguien los tienen que detener”, puntualizó.

La noche del viernes 28 de mayo Rosa Isela, de 40 años, y su hija Leah, de 10, fallecieron tras ser arrolladas por un hombre de 33 años que conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, cuando ambas se dirigían hacía su domicilio.

El conductor fue detenido por agentes policíacos, pero solo se le cobró una multa por exceso de velocidad e ir en estado de ebriedad; mientras que el reporte de la autoridad municipal omitió que había atropellado a las dos mujeres.

Esto ocasionó una serie de movilizaciones de familiares y amigos de las víctimas para exigir justicia, además, se presentaron denuncias penales en contra de 11 funcionarios municipales, incluido el exdirector de la policía, Alejandro Lora Torres.

“Que cese a los policías de sus puestos, que cese a todos los incurridos en este caso”, dijo María García Castillo, madre de Rosa Isela.

Fue hasta el 4 de julio que el presunto responsable, identificado como Daniel Miguel “N”, fue detenido en el estado de Sonora. Una semana después fue vinculado a proceso por el delito de homicidio simple intencional, por lo que permanece en prisión preventiva.

Abogados defensores presentaron un recurso de apelación con el que buscan revertir la decisión del juez de control, por lo que existe el riesgo de que sea liberado o incluso de que se agrave el delito.

Familiares de Rosa Isela y Leah siguen luchando para impedir que se reclasifique el delito y se permita que el presunto responsable sea liberado; incluso han denunciado acoso por parte de la policía municipal.

“No vamos a dejar que esto se quede así, yo dije que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque somos gente que pedimos justicia, ocupamos la justicia”, expresó María García Castillo.

Lamentó que los agentes municipales que presuntamente colaboraron en el encubrimiento del responsable siguieran en libertad, por lo que exigen que sean destituidos, inhabilitados y vinculados a proceso, al considerar que existe culpabilidad compartida.

Actualmente existe una denuncia penal ante la FGE en contra de los servidores públicos que acudieron al lugar del accidente, pues según el abogado Castilla, se cometieron muchas irregularidades, entre ellas, se alteró la escena del crimen.

“No hubo un tratamiento de escena del crimen, hubo una alteración, se movieron los cuerpos, desaparecieron evidencias, a los días mandaron a pintar, a cortar los arbustos que estaban estorbando la vía pública”, detalló.

Además, se encuentra en curso una denuncia administrativa en contra de los agentes policíacos ante la Sindicatura Municipal, lo que derivó en la suspensión temporal de los mismos. También existe una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero hasta ahora ningún elemento ha sido destituido.

Hasta la finalización de este reportaje, en Mexicali ya se han registrado 91 personas atropelladas (en lo que va de 2021), de las cuales 60 perdieron la vida, es decir 39 más de las reportadas en todo el 2020.

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

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