Entendimiento Bicentenario: fentanilo, armas, criminales y homicidios en 5 grupos de trabajo

El Entendimiento Bicentenario, plan de cooperación en seguridad de México y Estados Unidos, ya tuvo sus primeros alcances con cinco subgrupos de trabajo en los que destacaron el combate al tráfico de fentanilo y armas, así como la persecución de redes criminales y reducción de asesinatos.

A dos meses de que fueran anunciadas las bases del acuerdo que sustituirá a la Iniciativa Mérida, aún no se definen los presupuestos a cada área ni se han establecido documentos para formalizar en qué consiste el renovado proyecto binacional. Sin embargo, se delinearon algunos objetivos específicos y plazos de resultados hasta 2024.

Las mesas estuvieron conformadas por: 1) el subgrupo para proteger a nuestra gente; 2) el subgrupo para prevenir crímenes transfronterizos; 3) el subgrupo para perseguir las redes criminales; 4) el subgrupo informativo de Fuerzas Armadas; y 5) el comité binacional de cooperación.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, previamente fue revisado el Plan de Acción y se instaló con ello el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) de los países que encabezan Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.

Marcelo Ebrard, canciller mexicano, además de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, acudieron a las instalaciones de la SRE junto con el equipo liderado por el embajador Ken Salazar y la jefa de misión de la embajada, Stephanie Syptak-Ramnath.

Según reportes de la SRE, la mesa sobre crímenes en las fronteras planteó acciones fundamentales como el intercambio de información aduanera; aumentar esfuerzos para reducir el tráfico ilícito de armas; así como atender la crisis de fentanilo.

Pues análisis del gobierno mexicano estiman que el 70% de las armas que se trafican al país provienen de un fabricante o distribuidor en EEUU y el restante 30% de seis países europeos (España, Italia, Austria, Rumania, Alemania y Bélgica).

La gran mayoría de los fusiles en el mercado negro terminan a manos de cárteles de la droga que las utilizan para arreciar disputas territoriales y mantener a la población en una ola de violencia incesante. De ahí que México inició una demanda en agosto pasado contra 11 fabricantes y proveedores estadounidenses en la corte federal en Boston, Massachusetts.

Mientras que el interés del lado estadounidense se enmarca en el informe presentado a mediados de noviembre por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cuando reportaron que más de 100,000 personas murieron por sobredosis en 2020. Y dos terceras partes de esos decesos fueron causadas por el fentanilo que los cárteles mexicanos trafican en cantidades industriales.

El 27 de septiembre, la Administración del Control de Drogas (DEA) emitió una alerta de seguridad sobre el peligro de comprar píldoras falsas con fentanilo y las cuales estaban fácilmente disponibles en el mercado ilegal pero con dosis mortales. Desde 2017 fue declarada una crisis de salud pública por fallecimientos relacionados con ese narcótico en EEUU.

Además de ambas problemáticas, el subgrupo contra redes criminales expuso la necesidad de cooperación para interrumpir redes económicas de las organizaciones delictivas, así como desarrollar capacidades de investigación y persecución de delitos financieros y avanzar en materia de extradiciones.

En lo correspondiente a proteger a la población de los dos países hubo planteamientos con base en la promoción de políticas públicas para disminuir uso de sustancias ilícitas; fomento a comunidades seguras; además de reducir la impunidad en delitos de alto impacto. En México, el 99% de los ilícitos no se castigan, según informes de organizaciones de la sociedad civil.

Ambas delegaciones establecieron los calendarios de actividades para atender los retos de seguridad en México y Estados Unidos de manera oportuna. Ahí se fijaron acciones puntuales e inmediatas para materializar la visión compartida entre López Obrador y Biden.

Ebrard añadió que la reunión de este 14 de diciembre marcó el adiós de la Iniciativa Mérida de una vez por todas. Pero analistas consultados por este medio señalan que se trata del mismo plan con otro nombre que, aún con ello, incorpora intereses de México sobre la mesa y más allá del eje belicista.

Entre los funcionarios mexicanos destacaron el general de división Gabriel García Rincón; el almirante Luis Javier Robinson Portillo, jefe del Estado Mayor de la Armada; Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte; así como Miguel Ángel Méndez Buenos Aires, por la Fiscalía General de la República; Horacio Duarte, administrador general de Aduanas.

Además de Alejandro Svarch, titular de la Cofepris; el general Audomaro Martínez Zapata, director general del Centro Nacional de Inteligencia; así como Ranmsés Ruíz Cázares, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

De EEUU acudieron Christina Vejar, agregada del Departamento de Justicia; Patricia Aguilera, directora adjunta de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y  Procuración de Justicia del Departamento de Estado; Timothy Tubbs, agregado de la Oficina de Investigaciones sobre Seguridad Nacional; Carlos Tomala, sub-agregado jurídico del FBI; Mathew Allen, agregado de la DEA; Bobby Garcia, agregado de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza; y Brian Keating, agregado del Departamento del Tesoro.

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