Línea 12: servidores públicos ya fueron imputados y Acuerdo Reparatorio será confidencial

Tras la primera audiencia por el desplome de un paso elevado de la Línea 12 del Metro, la Fiscalía de la Ciudad de México imputó a servidores públicos, personas físicas y representantes legales de quienes participaron en la presunta construcción deficiente de la obra que dejó a 26 víctimas mortales y 98 lesionados en mayo pasado.

Ulises Lara López, vocero de la dependencia ministerial, aseguró que de 10 personas citadas a comparecer solo acudieron nueve. Todo ello, pese a que no se ha solicitado ninguna orden de arresto en contra de los posibles implicados en delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos.

Ya en la audiencia de imputación, la defensa del exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y cuatro funcionarios más, solicitó la suspensión del proceso para beneficiarse del Acuerdo Reparatorio que ha entrado en vigor para llegar a un arreglo con familiares de personas fallecidas y aquellas que resultaron heridas.

“Alegaron, además, que dicho acuerdo favorecía a todos los imputados, solicitaron el recurso de revocación para obtener copia del propio acuerdo reparatorio y pidieron se impusiera una multa al Ministerio Público por incumplimiento”, informó el vocero.

Pero el juez de la causa negó esa posibilidad y ordenó que las negociaciones no sean integradas a la Carpeta de Investigación y se mantengan en confidencialidad, toda vez que los convenios entre víctimas y partes no están correlacionadas y pueden sostenerse de forma independiente con los afectados (directos, indirectos o núcleos familiares).

“Como lo anunciamos oportunamente, la representación legal de CICSA y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un acuerdo que cubre la reparación y reforzamiento, no sólo del segmento colapsado, sino del total del tramo elevado, desde la estación Tezonco hasta la terminal Tláhuac”, recordó Lara López.

Tratándose de delitos culposos existe esa posibilidad. Pero no solo CICSA se ha acercado al Tribunal y la fiscalía capitalina, sugirió el vocero, pues se han celebrado diversas reuniones bilaterales con las partes y sus defensas para construir acuerdos.

“Como el propio Sistema de Justicia Penal Acusatorio lo establece, esta Fiscalía se ha apegado al principio de Justicia Restaurativa, el cual privilegia la reparación del daño que ya está en marcha con la reconstrucción del tramo afectado de la Línea 12″, añadió.

El 20 de octubre, CICSA anunció un acuerdo reparatorio para rehabilitar la Línea 12. En aquel entonces, la empresa envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); 24 horas después precisó que apoyaría en el fondo para víctimas. Cinco días más tarde, el director de finanzas de Grupo Carso, Arturo Espíndola, aseguró que la empresa tiene planeado realizar un gasto de al menos 800 millones de pesos en la reconstrucción.

El juez asignó la próxima audiencia hasta marzo de 2022, pero las autoridades ministeriales solicitarán que se reagende para apresurar el proceso y la justicia sea expedita.

Ulises Lara López recalcó que todos los imputados han tenido acceso a la Carpeta de Investigación, la cual consta de 59 tomos con 30 mil 737 fojas útiles. Previamente se otorgó un un tiempo razonable para su lectura y análisis

“Esperamos que en breve se consumen los acuerdos para las víctimas directas e indirectas, mismos que estaremos informando en su oportunidad”, finalizó.

El 14 de octubre pasado, la fiscalía capitalina adelantó que buscaría un acuerdo reparatorio del daño que costó la vida a 26 personas y dejó con lesiones a un centenar más.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la dependencia, mencionó que empresas ya habían manifestado su voluntad de colaborar para una justicia restaurativa que favorezca a las víctimas, más allá de un proceso penal que castigue los delitos. Incluso reportó que serán aportados recursos a un fondo, el cual buscará reparar la tragedia de aquella noche del 3 de mayo, entre las estaciones Olivos y Tezonco del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De acuerdo con la conclusión general de las autoridades, la tragedia de la Línea 12 fue causada esencialmente por fallas en la construcción.

Los estudios arrojaron que así como faltaron pernos, otros materiales de este tipo fueron ubicados de forma irregular; aunque también se registraron deficiencias en las soldaduras. La primera falla fue en la viga izquierda y eso debilitó aquella del lado derecho, bajo la vía con dirección a Mixcoac.

Los espesores de soldadura fueron inferiores a los indicados en el proyecto de obra. En otras áreas, la soldadura se desgarró por la falta de una correcta fusión con el metal base. Además, no se estableció un protocolo para evaluación de calidad más estricto desde el proyecto. Uno de los fenómenos identificados fue la fatiga por distorsión, debido al diseño inadecuado entre las vías.

A eso se agregaron errores de diseño en la conexión de la viga secundaria con la viga principal derecha. De ahí que el detallado incorrecto generara distorsiones en las estructuras principales.

Entre los acusados están aquellos del Proyecto Metro: Enrique Horcasitas Manjarrez, quien fuera director; Juan Antonio Giral y Mazón, principal de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, de Construcción de Obras Civiles; Héctor Rosas Troncoso, subdirector de Obra Civil; Enrique Baker Díaz, subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil; Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, director responsable de las Obras Inducidas de la Línea 12.

Así como Ricardo Pérez Ruíz, corresponsable en Seguridad Estructural de la Línea 12; Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de obra tramo Olivos-Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, director general de Supervisión de Obra, también representante legal de LYTSA, IACSA y EINSA; y Fernando Ramiro Lalana, director de coordinación de supervisión de obra, encargado de llevar a cabo la supervisión y autorización de planos y proyectos.

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