México no ha cumplido con las recomendaciones, algunas de ellas urgentes, formuladas en los últimos años por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que permitirían tener datos más confiables contra el delito, dijo el viernes la representante del organismo, Carmen Villa.
Al concluir los trabajos de 10 días en el país, Villa destacó que, incluso, encontraron que durante la pandemia del coronavirus hubo un incremento “notable” en las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres, un delito que sigue siendo “generalizado” en la nación latinoamericana.
“Observamos con preocupación que varias de las recomendaciones formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación”, dijo Villa a periodistas.
Entre las recomendaciones no cumplidas, explicó, están superar los altos niveles de impunidad, dar más facultades a las comisiones de búsqueda, atender las causas profundas que generan las desapariciones y considerar que el enfoque de seguridad del Estado es insuficiente e inadecuado.
Villa mencionó que durante la visita a México, donde se reunieron tanto con víctimas como con autoridades, recibieron información de que existen patrones en los casos de desapariciones forzadas que evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado.
Según datos oficiales, actualmente existen 95,121 personas desaparecidas en México, aunque no está claro cuántos de estos casos fueron desapariciones forzadas, es decir, perpetradas por agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo.
En respuesta, el gobierno de México reconoció que existen “desafíos importantes” tanto en casos de desaparición forzada como en otras cometidas por particulares y admitió que con ayuda del comité podrán avanzar en “prevención, investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas”.
Actualmente, México se sitúa en segundo lugar, después de Irak, como el país con mayor número de acciones urgentes presentadas ante la ONU, un mecanismo de protección a víctimas que obliga a realizar acciones de búsqueda e informar sobre las mismas en casos de desaparición forzada.
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