Por una cena en un restaurante de lujo que indignó al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) pasó de defender la libertad del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a pedir su encarcelamiento, en un nuevo capítulo que pone en cuestión las formas y la independencia del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Conflictos de interés, asuntos personales, actuaciones con doble rasero y gran cercanía con López Obrador enturbian la gestión del que en 2019 fue nombrado como el primer fiscal autónomo de la historia de México.
“Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad”, defendió este jueves López Obrador.
A la cárcel por una cena
Un juez dictó el miércoles prisión preventiva contra Lozoya, acusado de recibir sobornos de la trama Odebrecht, a petición de la Fiscalía de Gertz Manero, que lo había tratado con delicadeza desde su captura en España y extradición a México en 2020.
El que fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) tenía un polémico pacto con el Ministerio Público para tirar de la manta e inculpar a otros políticos -incluido a Peña Nieto- a cambio de pasar su proceso en libertad.
Pero todo cambió en octubre cuando Lozoya fue captado disfrutando con amigos de un pato laqueado y vino en un lujoso restaurante asiático de la capital, lo cual indignó al país y al mismísimo López Obrador, que lo calificó de “inmoral”.
“Es una represalia política de una Fiscalía supuestamente autónoma que parece más preocupada por quedar bien y agradar al presidente”, dijo este sábado a Efe el jurista Javier Martín.
Durante la audiencia, la Fiscalía alegó la prisión preventiva por el riesgo de fuga del acusado, si bien mencionó varias veces el caso del restaurante.
“Es positivo que el proceso penal contra Lozoya está regresando a su cauce (...) pero es innegable que se trata de un asunto mediático para evitar un mayor desgaste de la Fiscalía”, opinó Ricardo Alvarado, investigador de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Doble rasero
El caso de Lozoya, que durante más de un año ha vivido en libertad con un brazalete geolocalizador, ya había dañado a la Fiscalía porque contrastaba con el de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo de Peña Nieto, en prisión preventiva desde hace dos años por un caso de desvío de fondos.
Lozoya, que había sido capturado fuera del país, estaba en libertad, mientras que Robles, que no eludió la Justicia, está entre rejas a espera de juicio pese a haber ganado un amparo.
“Se construyó la imagen de que se juzgaba a personas con situaciones similares con raseros distintos”, explicó Alvarado.
El fiscal Gertz Manero justificó que el trato diferencial radicaba en que Lozoya decidió “colaborar” con la Justicia como testigo protegido, mientras Robles se negó a inculpar a sus compañeros.
Pero para Javier Martín, la mano dura del fiscal contra la exfuncionaria se explica porque López Obrador “tiene una diferencia política muy añeja con Rosario Robles porque fueron rivales” a principios de los 2000.
Venganzas personales
Gertz Manero, de 82 años y fiscal general desde 2019 a propuesta de López Obrador, quiere que los procesos contra la corrupción del anterior Gobierno marquen su legado al frente de la Fiscalía, pero también ha usado el cargo para resolver rencillas personales.
En septiembre, el fiscal intentó, sin éxito, que un juez metiera en prisión preventiva a 31 científicos y académicos por un supuesto manejo irregular de fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), una acusación que indignó a la academia.
Según denuncian allegados, resulta que el Conacyt había negado durante varios años a Gertz Manero ingresar en el Sistema Nacional de Investigadores por su insuficiente producción científica.
“Es un fiscal utilizando la Procuraduría con fines personales en contra de los que considera sus enemigos”, criticó Javier Martín.
Y en un campo todavía más personal, el fiscal mantiene una batalla judicial contra su familia política, a la que acusa de haber descuidado la salud de su hermano Federico, que murió en 2015.
Una juez invalidó en septiembre la orden de detención contra la pareja de su hermano, Laura Morán, de 94 años, en otro revés para el fiscal.
“Hay medidas desproporcionadas y no está claro el beneficio que tienen para la sociedad pero sí el beneficio personal para el fiscal. Tiene cara de venganza”, zanjó Alvarado.
Con información de EFE
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