Ya pasó más de un año desde que Alejandra Cuevas (68 años, Ciudad de México) se encuentra presa acusada del homicidio del hermano del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Su caso ya resonó en el Congreso mexicano. Y ahora mismo su destino está –prácticamente– en manos de tres magistrados, quienes están a cargo de resolver si ella es culpable o inocente de los cargos por los que se le imputó el auto de formal prisión que la tiene encerrada.
Juan José Olvera López, Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Ascencio son los tres impartidores de justicia del Primer Tribunal Colegiado de Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, quienes tras revisar el expediente del caso, decidirán si, como ha demostrado su defensa, las evidencias en contra de Alejandra son inconsistentes, lo que significaría su liberación.
La petición de sus hijos Ana Paula, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas es simple: que los magistrados que ahora deciden el porvenir de su madre actúen con independencia (del fiscal) y emitan su concusión con estricto apego a la ley.
Desde finales de octubre de 2020, Alejandra Cuevas se encuentra encerrada en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de homicidio por omisión de cuidados de Federico Gertz, pareja sentimental de su madre Laura Morán, quien tiene 94 años de edad. Fue sentenciada con un auto de formal prisión, mismo que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó el pasado mes de febrero. Los argumentos con los que se emitió dicha sentencia referían a Alejandra como garante de Federico, es decir, quien estaba a cargo de sus cuidados. Pero la única que desempeñaba ese rol era su madre, Laura.
Así lo consideró ahora la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Patricia Díez, señalando que los argumentos de la Cuarta Sala para considerar a Alejandra Cuevas garante de Federico Gertz Manero, fueron incongruentes con los testimonios y elementos prueba que se presentaron ante la justicia. Entonces le otorgó casi a mediados del pasado septiembre un amparo que dejaba sin efecto la orden de aprehensión en contra de ella y de su madre.
Sin embargo, a finales del pasado septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, impugnó el amparo que hace unas semanas le otorgaron a Alejandra Cuevas, de 68 años de edad, contra la sentencia que la tiene desde hace casi un año en prisión, acusada por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal de México.
El fiscal Gertz Manero fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos nexos a (por lo menos) una cuenta de casi ocho millones de dólares en un banco de Suiza.
La parte acusatoria son los hijos de Alejandra Cuevas, quienes aseguran que la persecución del fiscal en contra su familia es para esconder el rastro de una fortuna obtenida de manera ilícita. Ellos compartieron en mayo pasado con la periodista Anabel Hernández, una evidencia que sería clave para entender su situación: un estado de cuenta por casi 8 millones de dólares en un banco suizo que anteriormente se ha visto envuelto en escándalos de lavado de dinero. La cuenta no tiene nombre de algún titular sino que es manejada por “Operadora Invictus”, con domicilio fiscal en Panamá y cuyo representante fue acusado en 2019 por el delito de “patrimonio económico”.
El hermano del fiscal mexicano murió en septiembre de 2015. La autopsia señaló prácticamente el deterioro de su salud como la causa del deceso. Pero Alejandro Gertz Manero acusó a Laura Morán –pareja por casi cinco décadas de su hermano y en ese momento de 88 años de edad– y a su hija Alejandra de homicidio por omisión de cuidados a Federico.
La denuncia fue archivada dos veces por la justicia de la Ciudad de México. En ambas ocasiones se concluyó que no había elementos que evidenciaran las responsabilidad de Laura Morán y Alejandra Cuevas en la muerte de Federico. Pero en 2020, luego de que Alejandro Gertz Manero fuera designado a cargo de la Fiscalía General de la República, el caso dio un giro radical: la demanda procedió y se retomó la acusación. El 25 de septiembre se ejerció acción penal y el 2 de octubre se libró la orden de aprehensión en contra de ambas señaladas. El 16 de octubre de 2020 Alejandra Cuevas fue detenida.
Desde entonces, Alejandra se encuentra encerrada en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por delito de “homicidio doloso de concubino por omisión por auxilio”. Es decir, se le culpa de conscientemente no haber asistido a Federico Gertz Manero mientras su estado de salud empeoraba.
No obstante, para que una persona sea considerada culpable por homicidio por omisión tiene que quedar comprobado que era garante de la víctima, es decir, quien estaba a cargo de sus cuidados. En este caso, ese rol solo lo desempeñaba Laura Morán quien, dentro de sus posibilidades y asistida por el personal de salud que tenía contratado, llevaba a Federico a consultas y le compraba los medicamentos que le recetaban, según consta en las declaraciones de ella y de los testigos.
Es importante señalar que, para que la persona garante pueda ser acusada, se debe tomar en cuenta la posibilidad de salvamento. Eso se refiere a la posibilidad física para actuar en el momento del peligro. Laura Morán tenía 88 años de edad en ese entonces.
Aunque la pareja de Federico era la madre de Alejandra, Laura Morán, la Juez Sexagésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, argumentó que había elementos suficientes que comprobaban la supuesta participación de Cuevas en los hechos, asegurando que ella acudía a diario a casa de Federico, que se hacía cargo de llevarlo a sus citas médicas y de suministrarle los medicamentos. Entonces el 19 de octubre le dictó auto de formal prisión.
La jueza federal Patricia Marcela Diez, quien le otorgó el amparo a Alejandra, considera que la acusación en su contra está plagada de incongruencias:
-No hay elementos que la identifiquen como la garante del fallecido Federico
-Hay pruebas de que, por el contrario, sí le brindaron los cuidados que ameritaba
-Solo se tomaron en cuenta los alegatos de la parte acusatoria para la sentencia, ignorando los intentos de la defensa por presentar sus pruebas contradictorias.
En tanto, desde el Congreso, la diputada Ana Teresa Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional (PAN), exigió a las autoridades de justicia, en nombre de su bancada, “que cese el hostigamiento en contra de la familia Castillo Cuevas y que Gertz Manero deje de utilizar a la fiscalía para ocultar su riqueza mal habida y como garrote para sus venganzas personales”.
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