Emilio Lozoya y su defensa solicitaron más tiempo para reunir las pruebas de su inocencia en el caso Odebrecht, por el que ha permanecido en arraigo domiciliario desde julio de 2020.
Por su parte, el juez de control programó la siguiente audiencia para el próximo día 3 de noviembre de 2021, en punto de las 9:00 horas, donde se decidirá definitivamente si se concede el tiempo pedido por sus representantes legales, encabezados por Miguel Ontiveros, o es rechazada, de acuerdo con la información del diario El Universal.
Al respecto, el periodista Salvador García Soto destacó en el mismo portal que dicha audiencia sería en primera instancia para decidir si se declara cerrada la investigación complementaria o el juez le da al fiscal un plazo de 10 días para determinar si acusará a Lozoya Austin o no por los delitos de Odebrecht y Agronitrogenados.
El columnista aseguró que este proceso es independiente al Criterio de Oportunidad que su defensa solicitó y que lo convirtió en “testigo colaborador” por lo que aunque el juez declare cerrada la investigación complementaria y la Fiscalía acuse a Lozoya, no podría ser detenido ni perdería el criterio de oportunidad que seguiría vigente.
En caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acuse, el exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto aún puede recibir el criterio de oportunidad que se puede aplicar antes de la audiencia intermedia, misma que se podría fijar para finales de noviembre o principios de diciembre.
Esto es posible ya que el Código Penal federal establece que no hay un plazo para el criterio de oportunidad al señalar en su artículo 256 que “el Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, así como en los criterios generales que a su efecto emita el Procurador o su equivalente. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes que se dicte la apertura del juicio”.
Por el momento, el funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) —imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho— se mantiene en la Ciudad de México para enfrentar su proceso judicial.
En julio del 2020, un juez de control vinculó a Emilio Lozoya por el delito de lavado de dinero en el caso de la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados SA de CV.
Como medidas cautelares, se le ordenó portar un brazalete electrónico, firmar cada dos semanas frente al juzgado y no abandonar el país. Además, el Instituto Nacional de Migración (INM), reveló que mantiene en las listas de control migratorio, mejor conocida como alerta migratoria.
La dependencia informó que esto tiene el objetivo de verificar y registrar los movimientos del ex político en los puntos destinados al tránsito internacional de personas: ya sea aéreos, marítimos o terrestres, así como informar de los mismos a las autoridades internacionales.
“El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, así como su colaboración con otras instancias del Gobierno de México”, remarcó en un comunicado a la opinión pública.
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