Adrián de la Garza, ex candidato de la alianza PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, será investigado nuevamente por el uso de tarjetas que prometían beneficios económicos durante las pasadas elecciones.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó revocar la decisión de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León por no haber realizado una investigación completa de las infracciones denunciadas por Morena.
La resolución fue emitida por unanimidad de votos a través de la Sala Superior y de esa manera se determine con argumentos sólidos si se confirma o se desecha una posible infracción contra el ex candidato, debido a la presunta entrega de bienes o servicios a la ciudadanía durante la pasada campaña electoral.
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) argumentó que Adrián de la Garza Santos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), entregaron las tarjetas “Por ti mujer fuerte” y “Por ti en compañía” que prometían un depósito de recursos cada dos meses.
Con ello, a decir de la denuncia presentada por Morena, se incurrió en infracciones en materia de propaganda electoral y uso incorrecto del financiamiento público.
“Las autoridades competentes para revisar las denuncias sobre distribución de tarjetas u otros materiales que ofrezcan y/o entreguen beneficios en caso de ganar una determinada candidatura, tienen el deber y la obligación de investigar exhaustivamente los hechos para demostrar si la propaganda electoral de Adrián de la Garza fue válida o formó parte de una estrategia de coacción del voto”, estableció el proyecto.
Reyes Rodríguez Mondragón fue quien presentó la sentencia y el pleno del TEPJF avaló el proyecto del magistrado presidente, con el voto concurrente del magistrado José Luis Vargas Valdez y el voto razonado del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
Rodríguez Mondragón destacó que la prohibición de entregar dádivas, como dinero o servicios en campañas electorales, busca garantizar un voto libre, especialmente en sectores de desventaja o situación de vulnerabilidad social o económica. Esa regla también pretende impedir malas prácticas, como la formación de compromisos clientelares.
Vargas Valdez consideró que debe dejarse libertad para que sea la autoridad electoral y en todo caso en esa instancia se estipulen los procedimientos; a su vez, que no fueran determinados parámetros especiales para la investigación del caso desde la Sala Superior.
Entregar tarjetas no implica, por si misma, la práctica de una comisión clientelar ilícita, recordó el magistrado sobre pronunciamientos anteriores del TEPJF.
Según la sentencia, se vulneró el principio del debido proceso al no considerar la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para analizar el uso indebido de recursos públicos.
Tampoco se agotaron los recursos para seguir una línea de investigación adecuada y determinar la posible existencia o no, de un padrón de beneficiarios, respecto de la infracción denunciada.
Rodrigo Sánchez García, secretario General de Acuerdos del TEPJF, expuso que no se investigó el el formato de entrega y cantidad de las tarjetas, ni las características y destinatarios del mecanismo de propaganda; además, no se analizó la estrategia o planeación de su entrega, las circunstancias en modo, tiempo y lugar; y tampoco se averiguó si se recabaron o no los datos personales de los destinatarios y si se integró un registro que generara una expectativa de trato preferencial a las y los electores.
El expediente SUP-JE-254/2021 incluye que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León realice nuevas indagatorias y se reponga el procedimiento especial sancionador.
Desde mayo pasado, antes de los comicios, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) inició una investigación para llegar al fondo del caso de las tarjetas usadas por Adrián de la Garza. Sin embargo, no trascendieron avances en esa dependencia.
Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el presunto esquema de coacción desde su conferencia matutina, en Palacio Nacional.
Hasta el momento el ex alcalde de Monterrey no se ha pronunciado sobre la reapertura de indagatorias en su contra.
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