El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se encarga de promover la defensa, difusión e incidencia en la vigencia de los derechos humanos en México cumple 33 años de esta labor en la que ha contribuido en casos muy recordados, como la guardería ABC, Tlatlaya, Tierra Blanca, entre otros.

Desde 2001, el Centro Prodh cuenta con el Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y desde 2004 es una Organización Acreditada ante la Organización de Estados Americanos.

Fue el 5 de junio de 2019 cuando ocurrió un incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, esta tragedia cobró la vida de 49 niñas y niños, asimismo, más de 70 resultaron lesionados.

Este evento fue el resultado de una política de subrogación de estancias infantiles que en lugar de garantizar condiciones de seguridad para los niños y las niñas, realmente redujo los gastos de operación y generó al mismo tiempo, ganancias para los dueños de las estancias.

Lo que sucedió después configuró una nueva violación de derechos humanos, ya que diversos responsables, incluyendo altos funcionarios tanto estatales como federales, no fueron investigados como correspondía y tampoco rindieron cuentas ante la justicia.

En octubre de 2014, ante la inminente falta de avances a nivel nacional, un grupo de padres y madres, junto con el Centro Prodh, decidió presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicho caso actualmente se encuentra en la etapa de Admisibilidad y plantea violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías y protección judiciales y a la protección de la niñez.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, para “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre.

Pese a que esta actividad era común cada año, en 2014 fue diferente, pues policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.

Fue entonces que 43 estudiantes fueron detenidos y posteriormente, se les reportó como desaparecidos.

En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y aproximadamente 700 personas fueron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

Es así que los familiares de los estudiantes continúan buscando la justicia y verdad, pese a la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades

Alrededor de 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), quienes apoyaron a un grupo de floristas que entró en un conflicto con las autoridades municipales de Texcoco.

En este enfrentamiento en el que hubo un uso excesivo de la fuerza, murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollin Alexis Benhumea, de 20.

Asimismo, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del FPDT y personas sin militancia alguna.

Este caso ha llamado la atención por la tortura sexual a la que fueron sometidas 47 mujeres por parte de los policías en los vehículos en los que fueron trasladas a un centro de reclusión.

Sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor (no grave) que se comete contra la administración pública, pero todos fueron absueltos y fue debido a la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, que 11 de las mujeres decidieron acudir a la CIDH.

Sin embargo, a quince años de los hechos y más de dos de la sentencia de la Corte IDH, no hay avances sustanciales ni en el acceso a la justicia, pues no existe aún un plan de investigación y ésta sigue fragmentada, ni respecto de las medidas estructurales, pues el Estado se niega a implementar un observatorio de uso de la fuerza y no hay una ruta de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, ni respecto de las medidas individuales de atención y rehabilitación.

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