Representantes de comunidades mayas denunciaron que ha habido desalojos de pobladores debido a la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. Además, señalaron que alrededor de 144 hectáreas han sido deforestadas.
Los colectivos también reportaron que la concentración en un solo juzgado de Yucatán ha retrasado la resolución y procesos de los recursos jurídicos.
Organizaciones de la sociedad civil, desde enero del 2020, han interpuesto demandas en contra del proyecto Tren Maya: afirman que, entre otras garantías, se han violentado sus derechos a la salud, a la vivienda y a la consulta. Asimismo, aseguran que, más allá de los efectos que ha tenido la pandemia por COVID-19 en los trámites, el Poder Judicial ha demorado el avance de los procesos jurídicos.
Miguel Anguas, abogado y parte del equipo de la asociación civil Indignación, declaró a través de una videoconferencia que los trámites “han sido tardados en el Poder Judicial, decidieron que todos los amparos se concentraran en el Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Laboral en Yucatán. Esto hace que los procesos judiciales se retrasen más”.
El proyecto de desarrollo Tren Maya se encuentra en su fase 4, “donde es evidente la deforestación, y esto es una violación a la suspensión. Ahora los casos están concentrados y tramitados en el Juzgado Primero de Distrito, el cual ha sido omiso. Esto es parte de una estrategia para retardar los procesos. El juzgado se atrasa, no se pronuncia y se violan los derechos humanos”, dijo, reportó La Jornada.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en su cuenta de Twitter, publicó que Anguas señaló “que el proyecto está continuando su ejecución, lo cual es una evidente violación a la suspensión. El Juzgado Primero de Distrito, donde se concentraron los litigios, no se ha manifestado sobre esta violación”.
Anguas especificó que desde julio de este año se le hizo de su conocimiento al Juzgado Cuarto en Yucatán sobre la violación a la suspensión, “y tras la concentración de casos en el Juzgado Primero, éste no se ha pronunciado al respecto lo que hace inefectivo el juicio de amparo”, publicó en un tweet.
Janet Medina, de la asociación civil Kanan Derechos Humanos, reveló que existen dos amparos vinculados al acceso a la participación e información pública. En el 2020 se abrió un plazo para la consulta pública, no obstante, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán no contaba con los documentos de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Gobierno de México.
Finalmente, la dependencia los entregó hasta el último día del plazo, por lo cual no hubo tiempo para consultarlos ni revisarlos. Por ello, inició el proceso judicial a través del amparo: se ordenó la suspensión pero no se ha cumplido. “Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) alega que no se construye nada, que sólo se da mantenimiento”, dijo Medina, de acuerdo con el medio.
Por su parte, la abogada y activista Kalycho Escoffié informó que existe el riesgo de que 3,000 familias sean desalojadas por habitar en las vías del tren. “Se ve un desalojo forzoso, no hay fundamento legal para que se saque a la gente de sus hogares, a quienes presentaron juicios de amparo se les presiona para que se desistan”, mencionó.
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