Por qué el delito de delincuencia organizada llevaría a EPN y Luis Videgaray directo a prisión

La Fiscalía General de la República (FGR) va tras el expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por delito de delincuencia organizada. La razón, los señalamientos en contra de ambos, junto a otros actores políticos, dentro del escándalo de corrupción trasnacional de la brasileña Odebrecht. No es la primera vez que los señalan oficialmente. Pero sí es el delito más grave que hasta ahora les han imputado.

El diario mexicano Milenio dio a conocer el nuevo cargo y precisamente señalan por ese delito los expolíticos podrían alcanzar hasta 60 años de prisión. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), actualmente procesado aunque en supuesto arraigo domiciliario por el mismo caso, es quien ha declarado la participación de esos personajes en todo el entramado. Precisamente de eso va la negociación que Lozoya Austin lleva actualmente con la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Con otras de las declaraciones de Lozoya, en mayo pasado el portal Animal Político daba a conocer que un juez federal ya había confirmado que se tenían evidencias para investogar a Peña Nieto y Videgaray por presuntos delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, tras ser señalados de establecer una asociación delictiva que, entre abril de 2013 y agosto de 2014, canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética.

Qué cambia con el cargo de delincuencia organizada

La ley mexicana cuenta con una propia Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en ella se establece en su Artículo segundo que se van a considerar a miembros de la delincuencia organizada cuando “tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos (considerardos en dicha ley), serán sancionadas por ese solo hecho”.

Y algunas de las actividades delictivas considerados en ese apartado son aquellas referidas en el Código Penal Federal FederalArtículo 400 Bis, que señala que ser{a considerada como responsable de delito “cualquier ciudadano que oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.

En mismo sentido se ha expreado la FGR, indicando que los recursos provenientes de la trama corrupta estaban destinados a financiar la campaña con la que Peña Nieto consigui{o la silla presidencial mexicana. También, agrega, para sobornar a lesgiladores de ambas cámaras (diputados y senadores) para que votarán en favor de la entonces Reforma Energética, con la que se benefició la empresa brasileña que da nombre al escándalo.

La fiscalía ha considerado entonces que, son esos fine, se entregó el petróleo mexicano y los recursos del país a empresas e intereses extranjeros. “Todas esas conductas se realizaban bajo las instrucciones que daban, tanto Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso y que eran operadas al interior de la paraestatal Petróleos Mexicanos, valiéndose del personal que laboraba en dicha empresa como lo era Emilio Lozoya Austin, director general, su secretario particular Rodrigo Arteaga Santoyo, su coordinador administrativo, Francisco Olascoaga Rodríguez, así como el personal de confianza del propio Emilio Lozoya Austin”, relata el documento que cita Milenio.

Por otro lado, en este delito, no hay otra pena que la cárcel. A menos que, como en el caso de Emilio Lozoya se llegue a un acuerdo, y ese arreglo, como en este caso, se puede obtener si con la colaboración del acusado se logra atrapar a más involucrados de igual o mayor rango. En este caso el exmandatario sería el de mayor jerarquía en el entramado. Además, la pena máxima, según establece la ley iría de 20 a 40 años en prisión. Pero al tratarse de un servidor público se aumentaría hasta en la mitad.

Otros nombres que destacan en la indagación son:

º Jorge Luis Lavalle, senador de la República por Campeche de 2012 a 2018, actualmente preso por las denuncias de Emilio Lozoya.

º Ricardo Anaya, diputado del Congreso de la Unión en 2015 y presidente de Acción Nacional. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia mexicana a la espera de implementar su defensa ante las autoridades.

º Francisco García Cabeza de Vaca, senador de 2012 a 2016 y gobernador de Tamaulipas hasta 2022, actualmente señalado por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque protegido de ser llevado a juicio por el fuero.

º Ernesto Cordero Arroyo, senador de la república de 2012 a 2013, y de 2017 a 2018, quien fue denunciado por Lozoya, pero hasta el momento no enfrenta ningún cargo.

º David Penchyna Grub, diputado de 2009 a 2012 y senador de 2012 a 2015, quien fue supuestamente investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos movimientos millonarios en el sexenio de EPN, y señalado más recientemente por Lozoya de haber recibido seis millones de pesos.

El caso Odebrecht se remonta a 2012, cuando, de acuerdo con los documentos de la denuncia de Emilio Lozoya, se le habrían otorgado al entonces director de Pemex un supuesto soborno por más de 10 millones de dólares.

El objetivo de la empresa era hacerse de diversas licitaciones para realizar obras públicas, mismas que le habrían sido otorgadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, además de algunos acuerdos a finales del sexenio de Felipe Calderón.

Algunos de los funcionarios mencionados por Lozoya fueron, además, Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México y José Antonio Meade, ex candidato presidencial, abanderado por el PRI y EPN, entre otros.

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