Rosario Robles, ex secretaria federal con Enrique Peña Nieto, tiene un pie fuera de la cárcel y la Fiscalía General de la República (FGR) podría insistir en mantenerla encerrada con una nueva orden por delitos graves, pero todo eso está en el aire porque un juez revisará la prisión preventiva por el único caso procesado.
La ex funcionaria, acusada por omisiones en desvíos millonarios del dinero público, fue favorecida con un amparo en que se ordena, sea reevaluada su condición penitenciaria, la cual cumple en el reclusorio de Santa Martha Acatitla.
Fuentes conocedoras del caso informaron a Infobae México que ya no puede sostenerse la medida cautelar que los fiscales solicitaron bajo evidencias falsas, como licencias de conducir con diferentes direcciones y con las cuales se dudaba del domicilio de la acusada.
Ganther Alejandro Villa Ceballos, juez de control, deberá valorar la resolución confirmada por magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal y que previamente fue emitida por el juez tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda.
Pero fuentes del Poder Judicial indicaron que ello no significa una modificación inmediata ni en automático. Si se decide mantener la prisión preventiva habrá de sustentarse con base en los alcances del amparo concedido por el Tribunal y desestimando los alegatos definidos en la sentencia.
Versiones periodísticas destacaron, desde noviembre de 2020, que Rosario Robles tiene una orden de arresto por delincuencia organizada y lavado de dinero. Hasta la fecha, la FGR no ha informado de ese mandamiento judicial a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Si las autoridades ministeriales cumplen esa orden, podrían detener la eventual liberación de Robles Berlanga, en caso de que, previamente, el juez retire la prisión preventiva justificada. O incluso, antes de conocer de la decisión de Villa Ceballos. Ya que esos cargos sí ameritan prisión preventiva oficiosa.
Hasta las 20:00 horas de este 8 de octubre, la ex secretaria no había sido notificada formalmente del amparo, mucho menos, sobre la cita de revisión de medida cautelar. Eso puede ocurrir en las próximas horas o durante el fin de semana, no hay tiempo definido.
Pero tan pronto como llegue el aviso, hay 24 horas para citar a una comparecencia en el Centro de Justicia del Reclusorio Sur. El juez de control revisará en los términos de la resolución emitida por magistrados y, en su caso, dictaminara el cambio de prisión preventiva por otra medida cautelar que no viole los derechos de Rosario Robles ni sea un exceso en su caso.
Como no se trata de una situación emergente, es probable que la audiencia sea el próximo lunes o martes, según las fuentes consultadas por Infobae México. Pues además serán revisadas las audiencias programadas para asignar un espacio.
Aún queda tiempo para que las partes acusadoras actúen en respuesta al amparo. Además, el juez desconoce, formalmente, qué le fue ordenado. Si bien podría incluir a una de las partes ofendidas para sustentar la prisión preventiva, también es posible que solo establezca fecha y hora para dar a conocer su postura, incluido, que la imputada siga su proceso en prisión domiciliaria.
En este caso solo resta el inicio de juicio, donde se demostrará la inocencia o culpabilidad de la acusada. La ley estipula que no deben pasar más de dos años para que una persona sea enjuiciada. Rosario Robles fue arrestada el 13 de agosto del 2019, con lo cual lleva dos años y dos meses privada de su libertad.
Su proceso ha sido suspendido porque no se ha resuelto un amparo por sobreseimiento en el delito del cual es acusada. Las autoridades tienen el tiempo que consideren necesario para resolver el recurso interpuesto.
La Estafa maestra fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.
Robles Berlanga había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, delatar a supuestos cómplices y obtener un castigo menos severo, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5 mil millones de pesos.
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