El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, presentará un proyecto en el que propone que los delitos en los que habría incurrido Pío López Obrador por los videos donde aparece recibiendo bolsas aparentemente con dinero, ya habrían prescrito.
El magistrado Vargas Valdez propondrá revocar la admisión de todas las denuncias, así como el inicio de un procedimiento administrativo, en contra de Pío López Obrador, David León o Morena; al darle la razón al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su defensa legal, al argumentar que la ley no es retroactiva, por lo que se debe aplicar la que estaba vigente en el momento en que se cometieron los presuntos delitos, así lo reveló Milenio, el cual obtuvo una copia del proyecto.
El documento, que será presentado este miércoles, señala que la legislación vigente de 2014 establecía que los procedimientos administrativos sancionadores serían improcedentes cuando la denuncia se presentara tres años después de la fecha en que se perpetraron los presuntos delitos.
Al cometerse los actos en 2015 y presentarse las demandas hasta 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) no debió admitir las demandas, señala Vargas.
“La aplicación de la norma posterior resultaría violatoria de los principios de certeza y seguridad jurídica”, expone.
El magistrado Vargas Valdez argumentó que no se advierte la existencia de otra prueba más que los videos difundidos por un medio de comunicación, que indican como fecha de grabación 16 de junio de 2015 y que además, la defensa considera pruebas ilícitas por tratarse de una violación a la privacidad de los implicados al ser grabados sin su consentimiento.
Es por eso que el magistrado José Luis Vargas propone propone revocar la admisión de las denuncias y el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Pío López Obrador, David León y Morena.
Cabe recordar que el 25 de noviembre de 2020, el magistrado Indalfer Infante propuso desechar la queja de Pío López Obrador y permitir al INE seguir investigando, sin embargo, por mayoría de votos, rechazaron la propuesta para que se estudiara a fondo si procedían o no la indagatoria.
La resolución se aplazó cuatro meses, por lo que el pasado 12 de mayo, por duplicidad, la Sala Superior desechó una nueva impugnación para que únicamente se siguiera el estudio de la queja de noviembre.
Cuando José Luis Vargas aún era el presidente del Tribunal Electora, presumió en el informe de actividades del organismo que ellos cuentan con alrededor de 22 días como plazo para resolver cada una de las impugnaciones y juicios interpuestos ante la autoridad electoral. Sin embargo, en el caso de Pío López Obrador no hay argumento que respaldara la postergación.
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