El Gobierno de México interpuso una demanda contra 10 compañías estadounidenses en un tribunal federal de Massachusetts, acusándolas de facilitar la venta de armas a los cárteles del narcotráfico.
Básicamente, las autoridades mexicanas responsabilizaron a los fabricantes de armas de Estados Unidos por la violencia desenfrenada que aqueja al país.
Por ello, buscan una reparación económica de hasta 10 mil millones de dólares (USD). Entre las empresas señaladas se encuentran Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Company.
El gobierno mexicano cuenta con dos argumentos principales para este caso. El primero versa concretamente sobre un tema de marketing. Y es que en la demanda se detalla que los fabricantes de armas han comercializado en formas que apuntan específicamente al crimen organizado.
Como ejemplo, señalaron el caso de la periodista de investigación Miroslava Breach, corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua. En marzo de 2017, la asesinaron cuando estaba en su automóvil con uno de sus hijos, a quien estaba a punto de llevar a la escuela.
El arma que se utilizó para matarla fue una pistola Colt 38 de edición especial, la cual estaba grabada en un costado con el rostro de Emiliano Zapata, y en el otro lado con una frase que comúnmente se le atribuye al revolucionario: “es mejor morir de pie que vivir de rodillas”.
El gobierno de México argumentó que ese grabado es el tipo de marketing que se dirige específicamente a los cárteles de la droga.
No obstante, expertos legales estadounidenses han señalado que es perfectamente legal grabar una pistola con la imagen de Emiliano Zapata o cualquier otro héroe revolucionario mexicano. Por ello, advirtieron, será muy difícil demostrar que ese tipo de marketing apunta específicamente a los grupos del crimen organizado.
El segundo argumento hizo hincapié en la forma en que los fabricantes de armas venden su mercancía. El gobierno mexicano argumentó que los fabricantes no están haciendo un monitoreo correcto de seguridad para asegurarse de que sus armas no lleguen a compradores falsos, que luego se encargan de traficarlas a México.
Las autoridades mexicanas afirmaron que las armas se comercializan con cualquier distribuidor que cuente con una licencia, esto a pesar de los múltiples señalamientos contra los distribuidores por supuestamente conspirar con compradores falsos.
De acuerdo con el diario The New York Times, este también será un argumento complicado de demostrar en la corte, no solo por la dificultad de probar que en efecto fueron descuidados, sino también para demostrar que los fabricantes de armas realmente sabían exactamente a dónde iba destinada su mercancía. El descuido no es considerado un delito, advirtieron especialistas, por lo que se debe cumplir con un estándar legal bastante alto para que ese argumento se lleve a cabo en los tribunales.
El propio gobierno mexicano ha reconocido que existe una barrera muy alta para aclarar estos estándares legales en los EEUU. Sin embargo, recalcó que también podrían presentar lo que sería un argumento legal completamente nuevo, enfocado principalmente en la PLCAA, un estatuto federal que protege a los fabricantes de armas en EEUU.
México argumentó que ese estatuto federal nunca contempló lo que sucedería si un país extranjero presenta una demanda contra los fabricantes. Y es que a pesar de que esta ley impide que los ciudadanos estadounidenses demanden a los fabricantes de armas por los delitos cometidos, advirtieron que ello no aplica si esos delitos se cometieron en otro país.
El tribunal federal de Estados Unidos que examina la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra los principales fabricantes de armas, fijó plazos para los primeros procedimientos del caso, aseguraron este domingo funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La semana pasada, el tribunal de Massachusetts aprobó el calendario propuesto por las partes relevantes. “Las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponerse a las defensas legales que consideren pertinentes”, informó en un comunicado
Posteriormente, el gobierno mexicano tendrá hasta el 31 de enero de 2022 para responder y las empresas demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022.
El pasado 17 de septiembre, el juez F. Dennis Saylor, de Massachusetts, aceptó una petición de los abogados de las 11 empresas armamentistas denunciadas para que los próximos movimientos puedan llevarlos a cabo de manera conjunta.
Se espera que el proceso concluya en el primer semestre del próximo año.
México, con una población de 126 millones de habitantes, se ha visto afectado por una violencia letal generalizada desde diciembre de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón inicio la controvertida Guerra contra el narco.
Desde entonces, según cifras del gobierno, más de 300.000 personas han sido asesinadas en México, la mayoría por armas de fuego y en hechos relacionados con el crimen organizado.
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