Las y los integrantes del Senado de la República establecieron cambiarle el nombre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De acuerdo con la votación de este martes 7 de septiembre, la dependencia se llamará Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Con una manifestación de 100 votos a favor y una abstención, la Cámara Alta definió cambiarle el nombre a la dependencia federal con sede en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. No obstante, se aseguró que no se alterarán los atributos de la secretaría, sino sólo se precisarán los que ya ejerce.
“Con 100 votos en favor y una abstención, el pleno del Senado de la República cambia el nombre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, publicó en su cuenta de Twitter la periodista Leticia Robles de la Rosa.
Con lo que especificó que el cambio pasó al ejecutivo federal para su puesta en vigor y agregó que “votaron otros senadores, pero ya no cantaron la votación total”.
El dictamen recién votado proviene de una iniciativa enviada desde el ejecutivo federal en febrero de este año, la cual propone reformar los artículos 26, 30, 32 Bis, 36 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La legisladora encargada de hacer la presentación de la propuesta fue Mónica Fernández Balboa, senadora por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien actuó en representación de las comisiones de Gobernación y de estudios Legislativos en el Senado de la República, con la cual se especificaron las competencias de la secretaría a cargo del ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal.
De este modo, con el cambio de nombre en la dependencia federal, se incide en que las facultades sobre las que tendrá cargo serán infraestructura, comunicaciones y transportes. Esto no quiere decir que la secretaría adquiera nuevas responsabilidades o atributos, ya que el cambio a su nombre se hace con un propósito de precisar en la denominación y no de alterar las funciones o la operativa interna de la dependencia.
Asimismo, en materia legislativa federal, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Revocación de Mandato, el proceso de participación cívica y representación directa al que se someterá Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en marzo del 2022.
Con 491 votos a favor, una abstención y uno en contra, las y los legisladores federales en el Palacio Legislativo de San Lázaro decidieron proceder con el proceso que consulta a la ciudadanía mexicana la permanencia del presidente.
Este proceso podría resultar vinculante y tener como consecuencia retirar al presidente en funciones si el 40% del padrón electoral participa en la consulta y si dos terceras partes de los participantes determina que el jefe del ejecutivo federal debe de abandonar su cargo, así se realizará.
La lista nominal registrada en el Instituto Nacional Electoral (INE) es de 93,671,697 personas, esto quiere decir que para que el resultado de la consulta sea vinculante, se requiere una asistencia mínima de 37,468,678 ciudadanos, de los cuales, 24,979,120 deberán votar para que ser retire al mandatario nacional.
En caso de que esto ocurra, el legislativo federal establecerá un gobierno provisional que convocará a nuevas elecciones para definir un nuevo titular del ejecutivo. Cabe destacar que el proceso que se planea para marzo del año que viene, será la primera vez que se realiza en México, con lo cual se abre paso a una nueva forma de representación democrática en la república.
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