Detuvieron a ex integrantes de la Policía Federal por masacre en Tanhuato contra el CJNG

Al menos ocho ex integrantes de la Policía Federal ya fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a presuntos abusos cometidos en la masacre de Tanhuato, Michoacán, donde la extinta corporación abatió a 42 supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que los ex funcionarios policiales están acusados por el delito de homicidio, pues junto con 32 elementos más habrían participado en la ejecución arbitraria de decenas de jóvenes que probablemente operaban para el CJNG, en un enfrentamiento perpetrado en el rancho el Sol, en 2015.

Los ocho detenidos recientemente quedaron ingresados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 17 de Buena Vista, Michoacán, donde fueron presentados ante la autoridad judicial.

De acuerdo con reportes preliminares, la FGR giró orden de arresto contra 40 ex agentes federales, incluido Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, quien fungía como mando en la dependencia y hasta el pasado 31 de agosto se desempeñaba como titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

Serrano Escobedo fue buscado el pasado martes en instalaciones de la institución ministerial a su cargo, donde elementos de la FGR buscaban cumplimentar una orden aprehensión en contra del funcionario, pero éste no fue localizado y actualmente se le considera prófugo de la justicia.

Aquel día, reportes locales destacaron que el ex mando de la Policía Federal salió de Ciudad Juárez por la madrugada y no contestó más en sus teléfonos celulares. Fue así como se destapó el caso que busca determinar la responsabilidad de quienes integraban la corporación de Seguridad en la masacre de Tanhuato del 22 de mayo de 2015.

En el rancho el Sol, los agentes habrían ejecutado de forma arbitraria al menos a 22 civiles mediante el uso excesivo de la fuerza y supuestamente alteraron la escena, además de haber sembrado armas y torturado a sobrevivientes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigó el caso y presentó la recomendación 4VG /2016 en su momento. En total, el evento de violencia dejó a 43 personas sin vida: 1 policía federal y 42 civiles

Todo comenzó el 21 de mayo de 2015 cuando la administradora del rancho denunció que el 17 de ese mismo mes un grupo armado de entre 25 y 30 sujetos habían roto el candado de acceso e ingresaron al inmueble.

Esto derivó en que el ministerio público requiriera a elementos del Operativo Jalisco de la Policía Federal para la investigación de los hechos.

Entre las 6:20 y las 7:30 horas del 22 de mayo, sobre la carretera Nogales-México, en el tramo Guadalajara-Ecuandureo kilómetro 371, elementos de la Policía Federal realizaban actividades de patrullaje cuando civiles armados les dispararon a bordo de una camioneta Toyota blanca.

Los elementos repelieron el fuego y comenzó una persecución que terminó hasta el rancho El Sol, donde una camioneta blanca se impactó contra un árbol, lo que dio inicio a la balacera en el rancho.

Cuando comenzó, la mayoría de los supuestos criminales aún estaban dormidos luego de una fiesta, esto, según exámenes toxicológicos practicados a los cadáveres y al hecho de que 17 de ellos murieron descalzos, incluso uno de ellos apenas portaban ropa interior.

El rancho el Sol se convirtió en un campo de batalla, en donde se encontraron más de 6,600 casquillos percutidos y un lanzacohetes quedó sin detonar.

En un inicio llegaron al lugar 41 elementos de la policía federal, pero luego de que un agente muriera y otro fuera herido, mandos policiacos solicitaron refuerzos, por lo que llegaron otros 54 agentes de la policía federal y un helicóptero artillado. La balacera duró al menos dos horas.

En una parcela quedaron muertos dos presuntos sicarios, en el camino principal que lleva a las instalaciones del rancho quedaron otros 16 y dentro de la casa, un almacén y los patios otros 24 cadáveres. Debido a la manera en que se encontraron los cuerpos y los exámenes de balística, 15 de los muertos tenían a sus atacantes de frente, sin que se pueda saber las circunstancias de cómo murieron.

Según concluyó la CNDH, 13 de los muertos estaban de espaldas a sus victimarios, en una posición de vulnerabilidad. De estos, ocho fueron asesinados mientras cruzaban una parcela, como si intentaran huir. Varios de ellos presentaron disparos en la cabeza.

Otros cinco fueron ejecutados con balas que fueron en trayectoria descendente, presuntamente ultimados por las balas del helicóptero artillado. Uno más fue quemado mientras aún estaba con vida. Otro presentaba lesiones propias de un atropellamiento.

Dentro de la casa dos más fueron ejecutados mientras estaban en cuclillas y a otro le dispararon en la cabeza y la pierna. Otros dos murieron mientras se escondían detrás de una palmera. Uno más, que estaba escondido en una bodega, murió calcinado, luego de que el artillero del helicóptero disparó hacia la estructura 4 mil proyectiles, lo que inició un incendio.

La procuraduría de justicia del estado de Michoacán tardó más de cuatro horas en llegar al rancho tiempo en que, según la CNDH, los elementos de la Policía Federal utilizaron para manipular la escena del enfrentamiento y sembrar armas en 16 cadáveres y mover de su lugar a siete víctimas.

Ese tiempo también fue utilizado por los agentes para torturar a los tres detenidos, a quienes obligaron a presenciar la ejecución de los tres sicarios dentro de la casa.

El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto defendió la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento en el que la Policía Federal resultó ser a tal grado superior en armamento y letalidad que logró un saldo a su favor de 42 contra 1.

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