
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que solicitó la suspensión del proceso en su contra por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El recurso fue presentado ante la Comisión de Receso de la SCJN, sin embargo, los ministros Luis María Aguilar Morales y Mario Pardo Rebolledo remitieron el asunto a la presidencia para que lo analice en cuanto reinicie actividades el máximo tribunal del país.
García Cabeza de Vaca promovió la controversia en contra de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Iván Zeferín Hernández, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Un acuerdo de la SCJN explica que la controversia no ha sido admitida a trámite, pues los ministros a cargo tienen dudas acerca de si el recurso se presentó dentro del periodo legal: “toda vez que el promovente señala que el veintinueve de junio del presente año, se hizo del conocimiento público a través de ciertas noticias de la orden de aprehensión girada en su contra, y al mismo tiempo indica, que conoció que el veinte de mayo anterior, el Congreso de Tamaulipas promovió controversia constitucional en contra de dicha orden; previamente a decidir lo que en derecho proceda respecto a la interposición de la demanda, se previene al Gobernador de Tamaulipas para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado”.
Fue el 19 de mayo cuando la FGR obtuvo una orden de arresto en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la controversia constitucional sobre su desafuero. Dicha orden de arresto se derivó de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por otra parte, el mandatario panista anunció a principios de junio el término de su relación laboral con el abogado Alonso Aguilar Zinser, quien se había encargado de su defensa en medio del proceso legal que el funcionario enfrenta con la justicia mexicana. El mandatario explicó que la ruptura se debe a que el contrato celebrado entre ambos llegó a su fin.
“El licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el licenciado Alonso Aguilar Zinser, informan que al haber concluido la etapa contemplada en el contrato de prestación de servicios profesionales que tenían celebrado, y en virtud de que no llegaron a un acuerdo en las condiciones de la relación profesional, han decidido no renovar el referido contrato”, indica el texto compartido en redes sociales.

A modo de aclaración, el comunicado refiere que Aguilar Zinser confía e la inocencia del gobernador y su familia, la cual espera sea reconocida por los tribunales correspondientes.
Desde el pasado 14 de julio, la UIF informó que el juez séptimo de distrito en el estado de Tamaulipas negó definitivamente el desbloqueo de las cuentas bancarias de José “G”, hermano del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se le acusa de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta determinación se logró luego de que la dependencia dirigida por Santiago Nieto demostrara que la inhabilitación de las cuentas que llevó a cabo se hizo en “cumplimiento a compromisos de carácter internacional”.
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