En condiciones deplorables, Fiscalía de Tamaulipas rescató a 15 migrantes en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tamaulipas a través de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) realizó el rescate de 15 migrantes procedentes de Centroamérica, así lo informó la dependencia por medio de un comunicado este jueves 29 de julio.

De acuerdo con lo notificado por la FGJE, el rescate ocurrió en el municipio de Reynosa, capital de la entidad gobernada por Francisco García Cabeza de Vaca. Asimismo, señala que las maniobras se pudieron lograr gracias a una denuncia anónima que proporcionó los datos suficientes para encontrar a las personas que ejercían su derecho al libre tránsito.

Aunado a esto, el boletín de la dependencia especifica que el grupo de migrantes estaba nutrido por ciudadanos de Honduras y Nicaragua.

“Derivado del reporte recibido por parte de una familiar de las personas en situación de migración, que alertaba sobre la retención de migrantes en un domicilio del Fraccionamiento Loma Real, se realizó un operativo que permitió ubicar el lugar y liberar a 2 hondureños y 13 nicaragüenses”, se puede leer en el comunicado oficial de la fiscalía.

Asimismo, la unidad con sede en Ciudad Victoria explicó que sus elementos “dieron parte y entregaron a las personas a personal del Instituto Nacional de Migración (INM), que se encargará de corroborar su estatus legal en el país”.

La relación que tiene particularmente el municipio de Reynosa con el fenómeno migratorio siempre ha sido sobresaliente respecto a otras ciudades del país, esto porque cuenta con las condiciones, tanto geográficas como sociales, para volverse una localidad importante para el paso de personas en situación de tránsito.

Esto porque al igual que Ciudad Juárez, Chihuahua, o Tijuana, Baja California, se trata de una urbe que hace frontera con Estados Unidos, por lo cual le resulta atractivo a los migrantes que buscan el “sueño americano”, ya que la lejanía de zonas despobladas es un factor de seguridad para las personas que no conocen la república, tanto como protección de factores naturales como de la violencia que se vive en México.

Cabe destacar que el pasado lunes 26 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del INM, aseguró que acatará las recomendaciones promovidas por las CNDH en materia de protección a las más de 600 personas albergadas en la Casa del Migrante “Senda de Vida”, ubicado también en Reynosa.

La secretaría federal a cargo de Olga Sánchez Cordero explicó que se brindará especial atención a “los grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores y mujeres, incluyendo las que se encuentran embarazadas”.

En este sentido, gracias al apercibimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el INM aseguró que hará lo necesario para garantizar la integridad, tanto física como psicológica, de las personas en calidad de migrantes que se alojaron en el albergue que será demolido.

Y es que el sábado 24 de julio, el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra realizó una serie de recomendaciones al INM y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) tanto del municipio de Reynosa, como al del estado de Tamaulipas, con la finalidad de que los más de 600 migrantes que se encuentran refugiados en “Senda de Vida” tengan a donde ir.

Dichas recomendaciones salieron a la luz porque la Dirección de Obras Públicas de Reynosa dijo que el albergue está construido en una zona de inundación del Río Bravo, por lo cual el inmueble será demolido.

Motivo por el cual dicha casa migratoria recibió una petición por parte de la autoridad hídrica de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos para que desaloje el inmueble en un plazo de cinco días.

Finalmente, la CNDH, tras una inspección, aseguró que entre el total de migrantes en el refugio hay “250 son niñas, niños y adolescentes (NNA); asimismo, se constató que se alberga a mujeres embarazadas, personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes e hipertensión arterial, así como personas con discapacidad audiovisual, motriz y psicosocial”, por lo que solicitaron priorizar la ayuda a las personas vulnerables.

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