En México se mantiene la búsqueda de 89,488 personas víctimas de desaparición forzada, según refieren las últimas cifras dadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Cientos de ellas yacen en los nueve campos de exterminio que se han ubicado en varios estados de la república.
La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación tiene contabilizados al menos nueve sitios de exterminio de grandes dimensiones en el noreste del país.
En un periodo de 2009 a 2013 en Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, en los que se hallaron estos sitios con hornos, pozos y tambos, mediante los que centenares —quizá millares— de seres humanos fueron tritutados y “pozoleados” (deshechos con ácido) sin que ninguna autoridad interviniera.
Los restos óseos se hallan en gavetas de cuatro fiscalías estatales y la General de la República, a la espera de la identificación mediante análisis genético, si es que el deterioro de los huesos lo permiten.
Lo ocurrido en estos estados del noreste del país durante parte del sexenio de Felipe Calderón muestra un fallo casi catastrófico del Estado, que permitió que miles de sus ciudadanos fueran desaparecidos en el equivalente mexicano de los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial.
“Hemos decidido designarlos sitios de exterminio por lo que ahí sucedió, porque son crematorios ilegales y por eso ligamos la similitud a otros hechos espeluznantes de la historia de la humanidad (como Auschwitz ). Son crematorios en donde se ha intentado desaparecer y pulverizar, al menos, a centenas de personas con la finalidad de que no quedara ningún rastro”, dijo Karla Quintana titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a Multimedios.
Los nombres con los que las autoridades identifican estos sitios son los de rancherías o municipios en los que fueron hallados, como Abasolo, Mante, El Papalote (Ciudad Alemán) y La Bartolina (Matamoros), en Tamaulipas; Moctezuma, en San Luis Potosí.
Las Abejas, (Salinas Victoria) y La Mano, (Juárez), ambos en Nuevo León; Patrocinio (San Pedro) y Estación Claudio (Viesca) en Coahuila.
La mecánica del borrado de cuerpos que el equipo de Quintana debe enfrentar es la del horror: en algunos casos, han sido descubiertos pozos de varios metros de profundidad, en los que se “procesaba” a grandes cantidades de cadáveres. En otros, los tambos en los que se disolvían.
“Uno todavía puede detectar ahí el olor a ácido, el olor a diésel, el combustible con el cual fueron cremadas estas personas. La motivación es clara, es no dejar rastro alguno”, indica.
La zona noreste del país donde se han ubicado la mayor parte de estos “campos de exterminio”, en zonas controladas por el cártel de Los Zetas a principios de la década pasada, en los que un número incontable de personas fueron desaparecidas con el objetivo de nunca ser encontradas.
Sólo en La Bartolina se han hallado media tonelada de huesos
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en su informe semestral detalló que, en cinco años se han recuperado al menos 500 kilogramos de restos óseos calcinados en esta frontera que se ubica a unos 12 kilómetros de Brownsville, Texas.
“Es un sitio de cremación clandestina, se han recuperado, al menos, 500 kilogramos de restos óseos calcinados en La Bartolina, Matamoros”, indicó Karla Quintana Osuna, titular de la CNB.
Fue desde 2017 que se descubrió este sitio, sin embargo no se le dio la dimensión que tiene y es que hasta la fecha se han recuperado 500 kilos de restos humanos calcinados, según el reporte enero-junio 2021 de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al referirse a las acciones realizadas para localizar a 89 mil 488 personas desaparecidas que hay en el país, de las cuales 25 por ciento son mujeres.
Ubicado cerca de Matamoros y de la frontera con Brownsville, Texas, a 12 kilómetros de la costa, La Bartolina se utilizó como lugar de cremación clandestina de amplia extensión.
Karla Quintana Osuna, titular de la CNB, destacó que los restos fueron descubiertos en 2017 por la fiscalía del estado de Tamaulipas junto con familiares de personas desaparecidas. Esa dependencia estatal fue la primera en llevar a cabo el levantamiento, después entró la Fiscalía General de la República, que ahora está en posesión de la mayoría de los restos y tendría que hacer la identificación, pero se desconoce si la están efectuado.
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