Si un caso ha marcado lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien es acusado por lavado de dinero y corrupción en el caso Odebrecht.

Hoy, a un año de su extradición a México, la situación legal del ex funcionario apenas ha cambiado, pues varios amparos y polémicas decisiones de los jueces aplazan las audiencias y las acciones en su contra.

En 365 días que lleva en suelo nacional, Emilio Lozoya no ha pisado ningún juzgado, mucho menos la cárcel. Al parecer ya no importa la promesa hecha por López Obrador el 13 de febrero de 2020, un día después de su arresto en España, cuando dijo que en su Gobierno no había “protección para nadie”.

Prácticamente nadie ha sabido de él desde el pasado 3 de agosto de 2020 cuando, tras 15 días de estar internado y varias “audiencias” realizadas desde su postración, dejó el hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México en el fue tratado por anemia y problemas del esófago.

Custodiado por agentes ministeriales, abandonó por su propio pie las instalaciones de salud, pero nadie lo vio, nadie supo decir, a ciencia cierta cuál puerta atravesó, qué auto abordó o hacia dónde se dirigió. Se habla de tantas pruebas, mas pocas decisiones legales se han tomado.

No importan las firmas de control que Lozoya tendría que debe presentar cada 15 días en el reclusorio Norte ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, ni siquiera el uso de un brazalete electrónico instalado en el tobillo, el cual tendrá la función de registrar su localización vía satélite en lapsos de 30 y 60 segundos. Para el gobierno federal, Lozoya Austin es un fantasma al cual comienzan a olvidar.

Su proceso legal ha sido muy cómodo: en libertad, sin audiencia inicial y sin delatar a nadie. En cuanto pisó tierra mexicana, el ex director de Pemex se declaró inocente y aseguró que fue “aparato de poder” y expresó su “compromiso de colaborar con las autoridades”.

Algunos testigos aseguran que ha estado colaborando continuamente con la FGR al dar nombres de altos funcionarios implicados en presuntos casos de corrupción, entre quienes se encuentran Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, por “ordenarle” usar el dinero de Odebrecht para la campaña de 2012 y para sobornar a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética de 2013.

Sin embargo, Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex, ambos considerados como testigos estrella de Lozoya al ser señalados por él como los encargados de recibir y repartir el dinero de los sobornos, contradijeron la versión dada por el ex funcionario de la petrolera.

La primera, y hasta ahora, única detención relacionada con el caso de los “moches” a los legisladores es la del exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue arrestado el pasado 9 de abril, luego de acudir al Reclusorio Norte a desahogar un elemento de prueba durante la audiencia inicial en la que se le imputaron tres cargos relacionados con el cobro de sobornos para que se aprobaran la reforma energética del expresidente Peña.

También ha otorgado declaraciones acerca del caso Agronitrogenados, empresa comprada por Pemex a un sobreprecio que causó un quebranto en las finanzas de la empresa productiva del Estado, En éste, el único responsable que se encontraba en prisión era el empresario Alonso Ancira, quien fue puesto en libertad el pasado lunes 19 de abril, luego de que se comprometió a pagar más de 216 millones de dólares (USD) como reparación del daño.

Pareciera que el gobierno ejerce la justicia de manera discrecional: encarcelando a políticos de la oposición, pero dejando en libertad a empresarios que, tal vez, le pueden ayudar de varias maneras en el futuro. Tal vez sea más complejo que eso, aunque, con el hermetismo del caso Lozoya, no se puede adelantar ninguna conjetura.

Inicialmente se habían fijado seis meses para aportar las pruebas, pero los abogados de Lozoya han conseguido aplazar las audiencias hasta en tres ocasiones.

La última se registró el pasado 12 de julio, cuando su defensa consiguió aplazar el proceso por 30 días más para reunir los datos de una serie de peritajes sobre cuentas bancarias en Alemania y Suiza a favor del exdirector, y supuestamente también para concluir las colaboraciones con la Fiscalía General de la República.

Se podría esperar que para mediados de agosto por fin se dé la tan ansiada audiencia, en donde se vea a Emilio Lozoya ante un juez, no obstante, todo puede pasar. Un año pareciera complicado para un caso tan importante que podría modificar el rumbo de los juicios a ex funcionarios, pero ya son 365 días sin modificaciones, sin visualizar un final.

Probablemente el peor escenario que podría existir para este juicio, que nunca inició, es la puesta en libertad sin declarar, sin aportar información contundente en un juzgado que ayude a la captura de otros políticos poderosos implicados en los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Aunque también existe una segunda posibilidad: salir impune al pagar una módica cantidad millonaria, como su compañero Alonso Ancira.

Supuestamente, Lozoya recibió USD 3.5 millones por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agronitrogenados a un sobreprecio injustificado, lo cual ocurrió en 2014, cuando la paraestatal pagó 475 millones de dólares por una planta que valía 58, según los avalúos.

Asimismo, participó en la red de sobornos que la constructora Odebrecht habría pagado, entre 2013 y 2014, al gobierno de Peña Nieto, con la finalidad de continuar siendo favorecida con contratos. Los recursos que habría recibido Lozoya en Odebrecht son de USD 10.5 millones, y gracias a ellos, la compañía brasileña se benefició con USD 39 millones por la adjudicación de obras.

Con esos cerca de 120 millones de pesos entregados al exdirector de Pemex, Peña Nieto y Videgaray Caso habrían ordenado que se distribuyera entre diversos legisladores para aprobar las reformas estructurales promovidas por el exmandatario priista.

De esta manera, y con todos los detalles sobre su participación y amigos dentro de esta compleja red financiera, su participación en el caso es indispensable. Tal vez por ello le han tenido paciencia, aunque poco a poco se vaya colmando por las pausas y estrategias legales adoptadas para evitar pisar la cárcel.

Los días pasan y el tiempo se agota. Los escenarios para Emilio Lozoya son múltiples. Podría pasar otro año sin movimiento alguno, o quizá en un dos por tres sea encarcelado, no se sabe. Sólo queda esperar a López Obrados, a Gertz Manero y a las autoridades correspondientes, quienes tienen la última palabra en el caso.

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