Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud de aclaración de sentencia, donde pidieron que esclarezca los alcances de la consulta popular a realizarse este 1 de agosto.
Las ONGs añadieron que, si bien el máximo Tribunal del país ya aclaró que la consulta no es para enjuiciar ex presidentes, la ambigüedad de la pregunta debe ser esclarecida para garantizar los derechos humanos, de acuerdo con un comunicado publicado este martes.
“Las organizaciones Justicia Transicional MX y Elementa DDHH, así como Kalycho Escoffié, activista de derechos humanos, presentaron la solicitud del pasado 11 de julio, buscando que la sociedad puede ejercer su derecho al escrutinio de las decisiones que pudieran tomarse en caso de qué la votación alcance el 40% de la participación”, remarcaron.
“Como se recordará, a inicios del presente año el Pleno de la Corte decidió que no podía someterse a votación la investigación por delitos cometidos por expresidentes al ser una obligación de las autoridades”, recordaron. Sin embargo, cuestionaron la ambigüedad de la pregunta corregida:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Por ello, “con la preocupación de qué el ejercicio cumpla con sus objetivos para las víctimas”, las organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Corte que se dé claridad sobre cinco puntos relevantes para la implementación de un eventual resultado favorable de la consulta popular.
El primero, que se defina el periodo que comprende “años pasados”. Si abarca los últimos cinco, 10, 15 años o cuáles. En segundo lugar, si el concepto de “actores políticos del pasado” abarca únicamente autores autoridades o también a grupos armados al margen de la ley y grupo de delincuencia organizada, agregaron.
“En el punto tres, pidieron a la SCJN especificar qué significa que el resultado será un ‘insumo de consideración vinculante’, concepto usado por la corte al analizar la materia de la consulta. En cuarto lugar, si la pregunta implica la creación de comisiones de la verdad u otro tipo de mecanismos”, señalaron las ONGs.
En el punto final, el quinto, pidieron al máximo Tribunal del país que aclare los términos del concepto de “proceso de esclarecimiento” para dar mayor certeza a las expectativas de las víctimas y de la sociedad.
“Este proceso tenía como objetivo garantizar la verdad, la justicia y la reparación por las violaciones a derechos humanos que se han cometido de manera sistemática en el país en las últimas décadas, tal y como han hecho otros países del mundo frente a situaciones análogas”, recordó Adriana Muro, de Elementa DDHH.
Por su parte, Jorge Peniche, de JTMX, remarcó que para atender la violencia impunidad que enfrenta el país, el Estado mexicano debe adoptar mecanismos extraordinarios que no se limiten a la atención judicial de cada caso, sino también al esclarecimiento de los orígenes de las violaciones a derechos humanos y las estructuras que las perpetúan.
Ambos, así como sus organizaciones, confiaron en que la Suprema Corte resolverá esta solicitud de manera pronta para que el proceso sea verdaderamente guiado por la sociedad mexicana, “sobre todo por las víctimas”, concluyeron.
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