La democracia mexicana, amenazada por dudas sobre instituciones electorales: TEPJF

La democracia mexicana sufriría un retroceso “gravísimo” si desaparecieran las instituciones electorales después de tres décadas en las que no se han producido “fraudes masivos” como en el pasado, aseguró el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez en entrevista con la agencia EFE.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que espera revisar cerca de 25 mil impugnaciones de las elecciones del pasado 6 de junio, y el Instituto Nacional Electoral (INE), son los dos principales garantes del proceso electoral mexicano y de la salud democrática del país.

“Nuestro sistema electoral ha demostrado desde 1994 que está a prueba de fraudes masivos, lo que no quita que pueda haber trampas, compra de votos, pero hacerlo a gran escala es prácticamente imposible”, afirmó Vargas Valdez, quien desde noviembre pasado preside la Sala Superior del TEPJF.

Vargas Valdez achacó el exceso de polarización política a las reiteradas declaraciones en favor de la profunda reforma o desaparición de las instituciones autónomas electorales.

Esos llamamientos, incluso del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, darían pie a “un proceso gravísimo para México” porque desde hace tres décadas “los problemas políticos se dirimen en las urnas” y ya no hay fraudes como “a los que estábamos acostumbrados”, señaló.

Solidez del sistema

Vargas Valdez consideró que es un retroceso lamentable que los políticos ataquen a las instituciones electorales y estima que “hay muchos aspectos en materia electoral que se pueden mejorar y modernizar, como encontrar fórmulas mixtas de financiación” para que el gasto no dependa solo del sector público.

También hay que mejorar el marco normativo, todo lo que tenga que ver con redes sociales y fake news, pero el problema es que la reforma electoral se convierta, a su juicio, en un asunto “entre vencedores y vencidos para ajustar cuentas”.

“Tenemos un sistema electoral sólido y hay que destacar que eso es reconocido a nivel internacional”, subrayó el magistrado.

Antes de las elecciones intermedias del 6 de junio, López Obrador criticó al INE y abogó incluso por la desaparición de las instituciones electorales que actúan de manera autónoma desde 1994.

Ante las presiones recibidas por el INE y el Tribunal Electoral, Vargas Valdez aseguró que no teme que los dos organismos desaparezcan.

“La ciudadanía no lo permitiría. El marco constitucional nos da la protección. Hemos vivido momentos complejos y tensos. (...) No es que haya presiones, es que hay quienes se dejan presionar. Quienes componen el INE o el Tribunal gozamos de la plena credibilidad para juzgar conforme a derecho”, indicó el magistrado, quien enfatizó que el Tribunal es un “órgano imparcial” sin “filias ni fobias”.

Sin mayoría

Teniendo en cuenta lo que establece la Constitución mexicana, Vargas Valdez se siente aliviado de que el resultado de las elecciones del 6 junio no haya dado a ningún partido junto con sus aliados la mayoría necesaria para imponer reformas constitucionales.

“Hoy los escenarios están claros. Hay dos coaliciones fuertes, sabemos que no hay mayorías absolutas para promover una reforma constitucional y eso genera tranquilidad. Los partidos tienen la obligación de negociar para llegar a acuerdos parlamentarios que beneficien al país”, destacó.

La otra gran polémica del momento en México es la necesidad o no de hacer una consulta popular propuesta por López Obrador para juzgar a los expresidentes del país por supuestos delitos y que tiene previsto realizarse el 1 de agosto.

“En lo personal no comulgo con que se consulte lo obvio. Y en este caso lo obvio es que si hubiera delitos que perseguir el Ministerio Público está obligado a perseguirlos”, afirmó.

“Lo que se pone a consulta debería tener hechos claros y no simplemente abstractos. Esta consulta no trae detrás ningún beneficio social. Es algo anecdótico, porque no hay elementos de prueba”, agregó el magistrado.

Miles de impugnaciones

Tras la fiesta democrática del 6 de junio por la participación histórica del 53 % del censo y la excelente organización de la jornada por el INE, el Tribunal Electoral tiene ahora que resolver cerca de 25,000 impugnaciones.

El periodo más crítico serán septiembre, octubre y mediados de noviembre, que es cuando se produce la homologación de los calendarios electorales de los estados.

Los casos más delicados en cuanto a las impugnaciones se concentran en tres estados: Campeche, Michoacán y Aguascalientes, porque las diferencias porcentuales de los votos están por debajo del 5 %.

“En esos tres estados hay por tanto incentivos para judicializar el sistema electoral. En el resto de los estados las diferencias son tan amplias que las posibles anomalías no afectarán a los resultados ya estimados”, asegura Vargas Valdez.

A pesar de algunas irregularidades, como excesos en los gastos de campaña o la aportación de recursos de procedencia ilícita, lo que está claro para el magistrado Vargas Valdez es que el 6 de junio se demostró “la solidez de la democracia mexicana y de su proceso electoral”, por lo que no se puede dudar del papel de las instituciones electorales para impedir que se vuelva a prácticas del pasado.

Con información de EFE

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