Luis Urbano Domínguez Mendoza, activista defensor de los recursos naturales de la tribu Yaqui, fue asesinado a balazos este martes pasado en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme en el estado de Sonora, informó este sábado la Fiscalía General del Estado (FGE).
Presuntamente el activista habría recibido varios impactos de bala cuando salía de un banco, de la mencionada localidad, el pasado 8 de junio.
Domínguez Mendoza tenía 35 años de edad, era un luchador político y social que defendía los recursos naturales de la tribu Yaqui. Desde el 2012 comenzó a luchar por el agua y las tierras yaquis.
En 2015, Domínguez Mendoza, del pueblo Cócorit, participó en la Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. En ese año, durante una visita a la Ciudad de México, dijo: “Lo que vi en este recorrido es que nos siguen pisoteando, maltratando; miles estamos a punto de caer en la marginación, y la pobreza se agudizará por las reformas estructurales”.
En 2019 participó en el documental “Laberinto Yo’eme”, donde se relatan los despojos de las aguas del río Yaqui y sus terrenos.
“Luis se preocupó siempre por el bienestar de su amada tribu Yaqui y nunca dudó en defenderla. Descansa en paz amigo, pediremos justicia y nunca olvidaremos tu luz”. escribió en sus redes sociales el director del film, Sergi Pedro Ros.
Según la Fiscalía de Sonora, ya hay una carpeta de investigación sobre el ataque armado en contra del activista, sin embargo, aún no hay ningún sospechoso detenido ni se han reportado avances de las indagatorias.
Cabe apuntar que esta no es la única agresión registrada en líderes de esa etnia. Pues el vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, Tomás Rojo Valencia, está desaparecido desde mayo de este año, además, Agustín Valdez, quien era jefe de la Guardia Tradicional e hijo del gobernador de la etnia en Loma de Guamuchil, fue asesinado ese mismo mes.
Otro caso más fue el de Miguel Vázquez Martínez, activista ambiental que desapareció el 20 de octubre del 2020 en el municipio de Tlapacoyan, en el estado mexicano de Veracruz.
A más de 100 días de ser privado de su libertad, los restos del fundador de la Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos Bobos, Nautla y Tecolutla fueron localizados en una fosa clandestina en una casa de seguridad.
De acuerdo con un informe de Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) – conformada por 85 organizaciones de la sociedad civil en 23 estados – publicado en abril pasado, en los dos primeros años del gobierno de López Obrador han muerto 45 defensores de derechos humanos, dando un resultado de casi dos activistas muertos al mes.
Según la publicación, aunque el mensaje del Gobierno Federal es que ya no se cometan el país violaciones a derechos humanos, las agresiones y asesinatos contra activistas continúan.
“Mucho de lo que se ha dicho en este nuevo gobierno es que ya no está pasando nada. Pero sobre el terreno pasa otra cosa. Hay que reconocer que hay una crisis de derechos humanos en el país, y que las agresiones en contra de los activistas no han cesado. La defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de muy alto riesgo en México”, subrayó para Animal Político Marianna Mendoza, coordinadora del área de protección de la Red TD.
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