Los asesinatos de aspirantes a cargos públicos se han vuelto una constante en México durante las elecciones. El crimen organizado ha logrado perpetuarse e infiltrarse en las campañas electorales para disponer de las vidas de quienes buscan entrar a la administración pública.
En lo que va de la contienda, alrededor de 85 candidatos y candidatas han sido asesinados por el narcotráfico, según Etellek Consultores. Eso incluyendo a 32 personas cuyos homicidios se dieron antes del inicio las campañas y excluyendo a aquellos que han sido amenazados como Zudikey Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo.
Desde el exterior el clima electoral en México se presenta como “una sangrienta temporada” o “las elecciones más sangrienta desde 2018″ en cuanto a asesinatos se refiere.
El medio estadounidense Wall Street Journal narró una escena que se repite contantemente el país basado en el caso de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía norteña de Ciudad Obregón, que fue acribillado en medio de un mitin y sus asesinos escaparon tranquilamente.
“Incluso en un país con un historial de violencia electoral , esta votación se perfila como la más sangrienta en la memoria reciente, como la que tiene más pequeños criminales y pandillas que compiten ferozmente para controlar áreas locales intimidando o matando políticos”, escribieron los periodistas Juan Montes y José de Córdova.
Otra de las escalofriantes cifras de este panorama fue expuesta por Integralia, una cosultora mexicana que informó que tan solo de febrero a abril fueron asesinados 46 funcionarios electos, miembros de partidos políticos y/o candidatos, lo que representa un aumento del 44% con respecto a las elecciones realizadas en 2018.
Además, más de 60 candidatos se retiraron de campaña por la “espiral de violencia e inseguridad”, reconoció el WSJ. Sobre todo recalcaron que detrás de toda la violencia se encuentra “la dinámica cambiante del crimen organizado, quienes “una vez que tienen el control de los gobiernos locales, las pandillas también se llevan una parte del dinero de los impuestos destinado a obras públicas”.
En este sentido, la capacidad de controlar su territorio, también depende de la medida en la que controlen, amenacen y sobornen al alcalde local, jefe de la policía y otros altos funcionarios.
Por su parte, el Financial Times aseguró que la mayor parte las víctimas están adjudicadas al crimen organizado y sus nexos con la esfera política mexicana. Sobre todo, el medio británico recalcó que la mayoría pertenecían a partidos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Sus muertes han puesto al descubierto los lazos profundamente arraigados entre los grupos del crimen organizado y los funcionarios locales que los protegen”, señaló la comunicadora.
En este sentido, el director de Etellek Consultores, Rubén Salazar, dijo que cuando alguien se enfrenta a estos grupos, ellos “te acosan o te matan”, lo que implica que ninguno de los candidatos puede postularse a un cargo público sin tener la aprobación del alcalde o el jefe criminal local.
Este oscuro panorama se enfrenta directamente a la estrategia del presidente López Obrador basada en “abrazos, no balazos”, señaló la periodista Jude Webber. Además de formar parte de una serie de desafíos en materia de seguridad y “sus reiteradas promesas de lograr la paz en un país donde la violencia se ha disparado durante 15 años y hay casi 100 asesinatos al día”.
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